La directora general de Economía rechaza presidir la Oficina de Proyectos Europeos

Montserrat García en su toma de posesión./Celedonio Martínez
Montserrat García en su toma de posesión. / Celedonio Martínez

Montserrat García llegó incluso a enviar un requerimiento notarial para que se aceptara su negativa a un puesto que asume Rafael Pini

Jesús Lastra
JESÚS LASTRASantander

La directora general de Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, Montserrat García, ha rechazado asumir el cargo de presidenta del Consejo de Administración de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE) después de proponerla para el puesto tras la salida de su anterior ocupante, Pedro Pérez Eslava, que ha accedido al cargo de interventor general del Ejecutivo después de la destitución de Gabriel Pérez por parte del consejero, Juan José Sota (PSOE).

Lo curioso del caso es que García, según fuentes conocedoras del proceso, tuvo que insistir en su renuncia a un puesto del que según precisan desde la Consejería no llegó a tomar posesión. Ante la ausencia de respuesta a su negativa a presidir la OPE, la alto cargo de la Administración la presentó por registro al consejero. Finalmente, tuvo que echar mano de un requerimiento notarial para dejar clara su postura. La OPE es la heredera de la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP) y juega un papel importante en la devolución de la 'marca Racing' al equipo verdiblanco.

Consultada por este periódico, García declinó hacer declaraciones al respecto. Fuentes oficiales del departamento hablaron de «problemas personales» y «excesiva carga de trabajo». En última instancia ha asumido esta responsabilidad el director de Gabinete de Sota, Rafael Pini. La llegada se hizo oficial el lunes, mientras que la renuncia de la directora de Economía había quedado validada días atrás.

La Oficina está en medio de la operación para devolver la 'marca Racing' al club

La OPE ha vuelto a ponerse en primera línea de actualidad con el intento de reintegrar la 'marca Racing' a la Fundación después de que la Administración PSOE-PRC adquiriera en 2005 los derechos y la propia marca por 22 millones, lo que permitió la salida del entonces propietario, Santiago Díaz. Se articuló en aquel momento una subvención por los citados 22 millones durante once años, a razón de dos millones por ejercicio, al mismo tiempo que el Racing se comprometía a pagar la misma cantidad anual por la explotación de su marca y derechos federativos hasta que concluyera ese periodo, inicialmente previsto en 2016. Con ese ingreso garantizado el club ya podía acudir al mercado financiero, lo que unido a los créditos participativos contratados por el Gobierno permitió el cambio de propiedad y liberar a Díaz de los avales que tenía comprometidos y que estaban a punto de vencer cuando se rubricó la operación.

Acuerdo que no llega

Esta devolución de la 'marca Racing' se está encontrando con más problemas de los previstos, hasta el punto de que los servicios jurídicos del Gobierno han vuelto a revisar la propuesta. La OPE 'absorbió' a la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP), que firmó un préstamo de 6,75 millones con el Grupo Silver Eagle, propiedad de la familia Montalvo, cuando se hizo con el control del equipo de fútbol. Esa cantidad nunca se devolvió al erario público.

El bipartito PRC-PSOE, que tenía previsto materializar esta actuación el 2 de abril de este año, trató sin suerte en junio pasado que la Intervención General avalase una doble operación, la de la cesión de la marca y la refinanciación de una deuda de dos millones después de no cumplir uno de los pagos de la subvención anual. Todo ello como paso previo para la firma del contrato de patrocinio con el club que nunca llegó a concretarse.

El Gobierno encargó al ya exinterventor general, Gabriel Pérez, un informe sobre el expediente por el que la OPE y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) deben llevar a cabo las actuaciones procedentes para ceder de forma gratuita todas las marcas al considerarlas «devaluadas» y el aplazamiento de las deudas. Se da la circunstancia de que el pasado febrero el consejero procedió a la destitución del interventor general y colocó en su puesto a Pedro Pérez Eslava, por entonces director de la Agencia Tributaria, también máximo responsable de la OPE.

García llegó a la Dirección General después de la destitución de Inmaculada Valencia por las presuntas irregularidades administrativas en la empresa pública Sogiese.

 

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