Las elecciones dejarán en el limbo la supresión de aforamientos en Cantabria, Murcia y Baleares
En los poco más de cuatro meses que ha durado la legislatura actual, el Pleno de la Cámara solo pudo iniciar la tramitación de la reforma de Murcia que ahora decae
E. Press
Madrid
Sábado, 21 de septiembre 2019, 15:51
La inminente convocatoria de elecciones generales para el próximo 10 de noviembre obligará a retrasar la entrada en vigor de las reformas estatutarias procedentes de Murcia, Cantabria y Baleares para eliminar el aforamiento de sus parlamentarios autonómicos.
Las tres iniciativas comenzaron a tramitarse la pasada legislatura en el Congreso con la idea de que los candidatos a las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo ya concurrieran sin ese fuero que impide que sean investigados por juzgados ordinarios.
Sin embargo, el adelanto de las elecciones del pasado 28 de abril ya provocó que éstas tres reformas quedaran congeladas, lo que volverá a ocurrir la próxima semana, cuando se disuelvan las Cortes el día 24 para convocar las elecciones del 10 de noviembre.
Eso sí, los estatutos son las únicas leyes que no decaen cuando se disuelven las Cortes Generales, aunque deben volver a empezar desde el principio, desde su admisión a trámite por el Pleno.
En los poco más de cuatro meses que ha durado la legislatura actual, el Pleno de la Cámara pudo iniciar la tramitación de una de estas reformas estatutarias, la presentada por la Asamblea de Murcia, pero volverá a decaer el próximo día 24.
La reforma constitucional, sin fecha
El debate sobre el aforamiento de los políticos cobró protagonismo el año pasado por el anuncio del Gobierno de que iba a estudiar una reforma constitucional para eliminar esta protección, pero la idea no llegó a traducirse en una propuesta.
En el caso de los diputados autonómicos, sin embargo, es cada comunidad la que debe tomar la iniciativa, y así lo hicieron Canarias, Murcia, Cantabria y Baleares, que reformaron sus Estatutos de Autonomía y los enviaron al Congreso para su aprobación. Sin embargo, sólo la primera llegó a superar en la pasada legislatura todos los tramites y tiene la reforma ya en vigor.
Las reformas van dirigidas a asegurar la inviolabilidad de los políticos sobre las opiniones que manifiesten en actos parlamentarios y por lo que decidan votar sobre leyes y otras iniciativas. Por todo lo demás podrán ser inculpados, procesados y juzgados si así lo deciden jueces ordinarios, no los tribunales superiores de su Comunidad.
