Los fundadores de un club de cannabis dicen que creían que lo que hacían era legal

Los dos acusados, de espaldas, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia. :: sane/
Los dos acusados, de espaldas, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia. :: sane

El fiscal solicita cuatro años y medio para cada uno de los dos acusados y dice que estas asociaciones «no tienen patente de corso»

C. DE LA P. SANTANDER.

Los dos hermanos fundadores del club cannábico Green Skull, con sede en Torrelavega y Cabezón de la Sal, que se enfrentan a cuatro años y medio de prisión cada uno y multa de 89.600 euros acusados de utilizar la asociación como tapadera para traficar con marihuana, aseguraron ayer al tribunal que les juzga que creían que lo que hacían era legal. «Pedimos autorización a la Delegación del Gobierno y a Fiscalía y no pusieron ninguna pega. Estábamos convencidos de que todo era legal», coincidieron Laureano y Asier A. O.

El alegato no es baladí, porque el llamado 'error de prohibición invencible' ha servido en casos similares para absolver a los acusados. En diciembre de 2017, la juez de lo Penal Amaya Merchán exculpó a tres socios de un grupo cannábico de Torrelavega porque creyeron que distribuir droga en asociaciones terapéuticas estaba dentro de la legalidad. Este mismo año el Tribunal Supremo ha absuelto a cinco miembros de otra asociación de Bilbao porque, aunque consideró que la actividad que desarrollaban era delictiva, no descartó que los acusados actuaran en el error invencible de pensar que su acción estaba tolerada por el ordenamiento jurídico.

Son solo dos ejemplos del debate jurídico que existe en torno a un asunto que, según el abogado defensor de los encausados, genera «inseguridad jurídica». El debate es también social y político. Sin ir más lejos, en marzo del año pasado, los cinco grupos parlamentarios aprobaron en la Cámara regional pedir al Gobierno central que regule el cannabis terapéutico. La iniciativa fue auspiciada por el diputado del PP, Eduardo Van den Eynde, que lleva tres años consumiendo cannabis con fines médicos, pero se ve obligado a hacerlo en la clandestinidad.

A pesar de estos antecedentes, el fiscal mantuvo la acusación para los delitos de asociación ilícita, contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, este último porque 'pincharon' la red eléctrica para eludir el pago del consumo eléctrico. En su opinión, la asociación «no tiene patente de corso» y amparaba una verdadera «producción agraria».

Los acusados fundaron en 2014 una asociación terapéutica de ayuda cannábica, llamada Green Skull, con 115 socios. Según sus estatutos, la cantidad que se suministraba a cada uno de ellos era de 2 gramos máximos al día, a un precio de cinco euros, aunque en algunos casos la cantidad era inferior. Además los socios estaban obligados a consumir dentro de la sede, aunque «sabían» que algunos lo sacaban para su utilización en el domicilio particular.

Pero en 2015 la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una red social de que en el club se vendían plantas de marihuana, lo que despertó las sospechas de los agentes, que iniciaron una investigación. Con el apoyo de la Policía Local de Torrelavega, realizaron cacheos a los socios que salían el club y les intervinieron cantidades pequeñas de 'maría' (entre 1 y 2,8 gramos). Eso fue suficiente para registrar las propiedades de los hermanos y la sede del Besaya. En esta hallaron 290 gramos de cogollos y en las casas de Caranceja y Ontoria casi 10 kilos de plantas, según el fiscal. Además comprobaron que el suministro de energía se realizaba mediante un pinchazo. Laureano y Asier, que era quien se ocupaba de la plantación, estuvieron una noche en los calabozos, y en la actualidad solo mantienen abierto el club de Cabezón. ¿Y la plantación? «Después de lo ocurrido, no queremos saber nada. Compramos la 'maría' a los socios», contó Laureano a este periódico.

 

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