El Gobierno y la Abogacía cántabra acuerdan elaborar un nuevo decreto de Justicia gratuita
La consejera de Presidencia, Justicia y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, trasladó este lunes al decano de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, la intención de comenzar «ya» con la redacción de un nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita que atienda realmente las verdaderas necesidades económicas y administrativas de los abogados y procuradores que prestan servicio en el turno de oficio pues, en su opinión, el anterior nació «obsoleto y caduco».
El actual decreto supuso una subirá de «un 20% de media» las cuantías que perciben abogados y procuradores del turno de oficio hasta situarlos dentro de la media española. El Ejecutivo destinó 500.000 euros más a estos servicios, hasta alcanzar los 3 millones de euros.
Urrutia, que mantuvo ayer un primer encuentro con De Diego para abordar las principales necesidades del sector, confirmó la elaboración de un grupo de trabajo que recoja todas las necesidades y que el nuevo documento pueda estar listo «cuanto antes».
Por su parte, el decano de la Abogacía de Cantabria reiteró la necesidad de «mejorar» el reglamento de asistencia jurídica gratuita a través de un grupo de trabajo formado por abogados y procuradores para abordar la reforma en relación a los baremos de cobro y en la parte normativa. Además, subrayó la necesidad «urgente» de resolver la paralización de la actividad judicial debido a los conflictos mediante una mesa y un pacto con medidas que favorezcan el atajar este problema de ahí que, tal y como insistió, el diálogo debe ser «permanente».
