El Gobierno central aprueba el real decreto para fijar las zonas de bajas emisiones

A sólo cinco días para que concluya el año, el Gobierno central aprobó este pasado martes en el Consejo de Ministro el demandado real decreto que regulará a partir del 1 de enero las restricciones al tráfico en los cascos urbanos de las ciudades con más de 50.000 habitantes. La ausencia de una norma estatal común que sirviera de percha a los ayuntamientos para desarrollar las respectivas ordenanzas municipales fue el asidero al que se aferraron los núcleos 'rebeldes' al mandato europeo tutelado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Entre ellos, Santander y Torrelavega, las dos únicas ciudades cántabras afectadas. Por tanto, ninguna de las dos cumplirá el imperativo legal que entrará en vigor este mismo domingo.

«No hay tiempo», se justificó en noviembre el Consistorio santanderino a través de su concejal de Movilidad Sostenible, César Díaz. Y no sólo por la falta del ansiado real decreto. Incluso si su hubiera aprobado entonces, no habría tiempo suficiente para tener listas las tramitaciones de las ordenanzas locales para que pudieran entrar en vigor el primer día de 2023. En Torrelavega, por su parte, la situación es similar aunque con matices. Aunque en un principio llegó incluso a hacer público un mapa que recogía todo el perímetro que se vería afectado, el Consistorio dio marcha atrás después de que el comercio local y la ciudadanía se le echasen encima. Ahora baraja dos opciones bien distintas y bastante más laxas.

En la capital del Besaya creen que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no podrá entrar en funcionamiento, por lo menos, hasta 2024. Por otro lado, lo que tienen claro es que la reducción de la zona acotada al tráfico rodado será mucho menor: de los 600.000 metros cuadrados iniciales a como mucho 160.000.

En Santander, en cambio, no se han delimitado aún ni siquiera las zonas que podrían verse afectadas, aunque sí se han dado algunos pasos. En este sentido, el Consistorio de la capital ha adjudicado el contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de las soluciones tecnológicas para la futura Zona de Bajas Emisiones. «Vamos a instalar diez sensores que medirán la calidad del aire en diferentes áreas del casco urbano; otros medirán el ruido y otros indicarán el estado de los aparcamientos», aseguró en noviembre Díaz.

La ausencia del real decreto aprobado esta semana era la excusa a la que se aferraban los 149 municipios de más de 50.000 habitantes que hay en España para no activar los planes demandados. Eso sí, el Ministerio para la Transición Ecológica dejó claro desde un primer momento que no atendería la petición general para que se estableciera una moratoria. Así que desde este mismo domingo entrarán en vigor estas restricciones al tráfico amparadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, medidas que la mayoría de municipios españoles afectados desobedecerán. El objetivo es, según explica el Ministerio para la Transición Ecológica, contribuir «a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático».

• Temas
• Ministerio para la Transición Ecológica
• César Díaz
• Torrelavega
• Cantabria (Provincia)
• Santander