El Gobierno regional celebra un pacto que el PRC considera una «tomadura de pelo»

«Nosotros lo que pretendíamos era recuperar todo el dinero que hemos calculado que se han perdido por las licitaciones en virtud de mordidas», subrayó De la Fuente. «Nos personamos en la causa con la intención clara de recuperar el dinero, que tras un exhaustivo cotejo de toda la información –datos, facturas, apuntes y mensajes de WhatsApp–, hemos llegado al convencimiento de que hay una serie de cantidades económicas que venían de los contratos».

El director general del Servicio Jurídico apostilló que con la recuperación de la cantidad que asciende a 1.623.257,14 euros y la inhabilitación de nueve años y tres meses para empleo público a Diez se consigue «parar» el desprestigio que arrastraba la Administración «por este tipo de comportamientos» durante estos dos años de instrucción.

En ese sentido se manifestó también el fiscal superior de Cantabria, Jesús Dacio Arteaga, «contento» por el compromiso de acuerdo. «Nos podemos ahorrar mucho tiempo, molestias a los ciudadanos, y al fin y al cabo, también económicamente hay dinero ahí detrás. Es una de las primeras razones de alegría», destacó. «El acuerdo nos parece que está muy bien porque cumple con los parámetros, por así decirlo, de los delitos que la Fiscalía y la acusación particular pretendían llevar adelante».

El representante del Ministerio Público reconoció que «alguna reducción siempre ocurre en una negociación, si la otra parte no saca nada, siempre te va a decir que no». Pese a todo, Arteaga estimó que se ven cubiertas las cuestiones relativas con la responsabilidad civil, los comisos y las multas. «Al final son una buena recaudación y, también, hay que resaltar las penas de inhabilitación, que son importantes».

Si hay un partido que evidenció su malestar ante esta situación fue el PRC. Su portavoz parlamentario, Pedro Hernando, reconoció estar «sorprendido» por un acuerdo que resuelve «un hecho gravísimo» en la historia de la Administración regional.

«Ha quedado claro que el Partido Regionalista de Cantabria lo único que ha hecho en todo este proceso ha sido poner los medios para que esta situación no vuelva a ocurrir, aprobando las normativas que ahora están vigentes porque el Partido Popular no ha avanzado en absoluto en esa línea y estamos sorprendidos porque entendemos que el acuerdo es menor», aseguró Hernando. «Buscábamos que esto fuera un ejemplo para todas las Administraciones y para todas las empresas, dejando claro que no se puede jugar ni con el dinero de los ciudadanos, ni con el dinero de la Administración. Y entendemos que una sanción de 250.000 euros a las empresas que han participado en este proceso de corrupción, a las empresas corruptoras, porque ellas así lo han aceptado, nos parece una tomadura de pelo».

Ante este pacto, el regionalista lanzó varias cuestiones hacia el Ejecutivo. «Nos gustaría saber por qué el Gobierno de Cantabria ha aceptado estas condiciones, cuál es el trasfondo de este acuerdo que entendemos que es muy poco ejemplarizante tanto para funcionarios como para empresas que han visto que por cuatro años de inhabilitación y 250.000 euros, se puede intentar engañar a la Administración».

Hay que poner en contexto que el caso salió a la palestra tras la detención de ocho personas y los registros en la Consejería de Obras Públicas (en manos del PRC en aquel momento) a poco más de tres meses de que se celebrasen las elecciones autonómicas. Una referencia que Hernando dejó entrever con sus palabras. «Hay dos cosas que son claras. El PRC en este asunto ha quedado demostrado desde el inicio, pero ahora con la finalización también, que ha sido uno de los grandes perjudicados, y a cambio solamente tenemos condenas menores para todos los demás partícipes y que se han lucrado del dinero de todos los cántabros».

Los socialistas también compartieron su «sorpresa» ante las últimas horas. «Nos ha cogido un poco de sorpresa porque pensábamos que todavía estaba la instrucción en plazo», apuntó Mario Iglesias, portavoz parlamentario. «Lo más importante es que se esclarezcan los hechos. Nosotros como partido tenemos máximo respeto por las decisiones judiciales».

En una línea más crítica se manifestó Leticia Díaz, portavoz parlamentaria de Vox, ante el «modo» en el que se había cerrado el pacto del 'caso de Obras Públicas'. «El PP ha demostrado que no tiene interés en calcular el verdadero daño económico que hemos asumido todos los cántabros con nuestros impuestos. Es sorprendente que este asunto se haya cerrado así, enviando un mensaje a la ciudadanía de que compensa robar dinero público, engañar a la Administración porque todos salen muy bien parados», aseguró Díaz.

La portavoz no se quedó ahí y acusó al Gobierno «de no hacer sus deberes» y apuntó hacia el partido regionalista: «El Ejecutivo no solo tiene que valorar el daño no prescrito, sino el daño que durante 20 años se ha hecho en relación con esta trama de corrupción y no olvidemos que tanto Revilla como Mazón y Gochicoa han sido consejeros de Obras Públicas donde las deficiencias del sistema de control de la contratación pública han evidenciado que se llevaban el dinero a manos llenas».