Las inhabilitaciones a los empresarios y las obras en marcha, escollos por resolver
El director general del Servicio Jurídico apunta a la firma de la sentencia para ver «si les afecta o no» la prohibición a los contratos investigados
Pese a que el acuerdo de conformidad recoge todos los pactos alcanzados entre Fiscalía, Gobierno de Cantabria y los seis acusados, todavía quedan flecos ... por resolver en la forma qué afectarán las inhabilitaciones –aceptadas por los empresarios implicados– de cara a obtener subvenciones públicas y contratar con el sector público. Además de la situación en la que se encontrarán algunas de las obras investigadas dentro de la trama.
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Ante esta última cuestión, el director general del Servicio Jurídico, Fernando José de la Fuente, no puede aventurar lo que sucederá hasta que se rubrique la firma de la sentencia. «Hay que ver muchas cosas llegado el momento, si quedan algunas obras en curso cuando se haga firme la sentencia y ver si siguen siendo los mismos administradores al mando de las empresas», explica De la Fuente.
«Esto es algo que no va a ser automático, se va a necesitar un tiempo hasta que llegue a la Audiencia Provincial y se ratifique la conformidad con las penas que se han pactado y, entonces, cuando se dicte la sentencia y quede firme es cuando ya se podrá ejecutar este preacuerdo», recalca. «Ahí habrá que ver, en ese caso, los contratos que están activos en ese momento, si les afecta o no la prohibición».
En el caso de las inhabilitaciones, una de las condiciones para optar a obras públicas y que se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) de España es que se establece como causa de prohibición de contratar que los administradores de una empresa sean condenados por ciertos delitos, lo que imposibilita a dicha empresa participar en licitaciones y contratar con el sector público. Una medida para evitar que las empresas asociadas a directivos condenados por delitos puedan participar en este mercado.
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