El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección

«Vamos a ser muy beligerantes con estas prácticas y no vamos a permitir que inmuebles construidos con fondos públicos se utilicen de forma ilícita», apuntaba hace unos meses el consejero Roberto Media, cuando dio a conocer esta iniciativa, al tiempo que apelaba a la responsabilidad de los propietarios «para que recapaciten» acerca de lo que supone estar en posesión de una vivienda protegida en un momento donde apenas hay oferta de alquiler o venta a precios asequibles. Al menos nueve de los que no escucharon ese consejo de «recapacitar» se encuentran ahora con sanciones que pueden llegar hasta los 45.000 euros en función de la gravedad de los hechos.

Según explica el director general de Vivienda, Carlos Montes, la mayoría de estas multas ya tramitadas tienen que ver con el alquiler de los pisos sin permiso de la Administración –no es fácil conseguirlo, pero en algunas circunstancias la Consejería lo permite– y con ganadores del sorteo de VPO que no están habitando la vivienda, algo obligatorio a no ser que disponga de una dispensa concedida por la Administración responsable.

En concreto, cuatro expedientes son por no ocupar la vivienda, tres por realquilarla o usarla para alquileres turísticos, otro por realizar una compraventa sin autorización y uno más por falsificar algún tipo de documentación durante el proceso. ¿Cómo se ha tenido conocimiento de estas situaciones? En ocasiones por denuncias que llegan a la Consejería y otras veces por la propia labor inspectora de oficio.

Según la ley cántabra, las infracciones relacionadas con la vivienda protegida implican unas sanciones económicas que van entre los 3.001 y los 15.000 euros. Lo que ocurre es que cuando el uso inadecuado del inmueble se ha hecho por destinarlo a vivienda turística, a ese régimen sancionador hay que sumar el de la Consejería de Turismo. Así, las multas en estos casos se elevan hasta el rango que va desde los 9.000 hasta los 45.000 euros.

Precisamente en este ámbito se centran ahora los esfuerzos de la Consejería. Ahí se darán los siguientes pasos en la campaña de lucha contra el fraude en la VPO. El refuerzo de esta búsqueda de los infractores se hará creando tres nuevas plazas de inspectores en la Dirección General de Vivienda y con una mayor colaboración con Turismo.

Así, esta nueva fase en la que entra la campaña antifraude consistirá en la captación de información en los portales web de comercialización, la visita 'in situ' de las VPO y otras formas de recopilación de pruebas. Abarcará toda la comunidad autónoma y los correspondientes expedientes sancionadores se irán notificados a los propietarios. En este momento hay en Cantabria 14.804 viviendas de protección oficial y 4.609 de ellas pasarán al mercado libre antes de 2029. Entonces, tras solicitar su descalificación, ya podrán actuar sin ninguna restricción.

La Consejería resalta la obligatoriedad de que todas las viviendas protegidas deben de ser destinadas a domicilio habitual y permanente, ya sea de los propietarios o bien de un inquilino que la destine a tal fin sin que quepa de ninguna forma el poderse destinar a un uso turístico. «En muchos casos esas viviendas han obtenido ayudas, ya sean directas al comprador o bien al promotor –hay un modelo de VPO privado que también se está fomentando como otra vía de paliar el problema del acceso– para la adquisición del suelo o de la construcción, no cabe por tanto que ese tipo de viviendas tenga ningún otro uso», defiende el Gobierno regional.