La huelga de la Justicia logra un seguimiento del 60% en Cantabria
La protesta de jueces y fiscales, que solicitan más medios y mayor independencia del poder político, ha obligado a cancelar decenas de diligencias, declaraciones y vistas
Decenas de diligencias, declaraciones, vistas y otros procedimientos judiciales previstos para la jornada de este lunes han tenido que suspenderse debido a la huelga convocado por jueces y fiscales en toda España. La protesta, que en Cantabria ha tenido un seguimiento de «al menos el 60%», pretende servir para que el Gobierno aumente los recursos económicos que destina a esta administración y para reivindicar mayor independencia del poder político.
Alrededor de medio centenar de profesionales de las siete asociaciones de jueces y fiscales se han manifestado este mediodía en la sede judicial de Las Salesas para recriminar al Ejecutivo de Sánchez su falta de predisposición para solucionar un conflicto que ya se explicitó el pasado mes de mayo, cuando tuvo lugar el primer paro general. «Desde entonces no ha habido ningún avance. Al contrario, parece que ha habido retrocesos. Lo que ya se había conseguido con el anterior Gobierno parece que ahora se ha perdido», apunta Amaya Merchán, presidenta autonómica de la Asociación Profesional de la Magistratura, quien considera que la ministra Dolores Delgado no tiene voluntad de avanzar en los catorce puntos de la reivindicación. En su opinión, es sorprendente que una ministra que participó en la anterior huelga, «cuando se sienta a negociar, lo primero que pide es que le detalles los motivos».
Los portavoces de las asociaciones han precisado que 13 de los 28 fiscales que hay en Cantabria y 45 de los 78 magistrados han respondido a su llamamiento, un dato con el que están «bastante satisfechos» teniendo en cuenta que muchos profesionales aún no han tenido tiempo de comunicar el paro -tienen que mandar un correo electrónico a los presidente de los Tribunales Superiores de Justicia de la cada comunidad autónoma- y a los servicios mínimos, cercanos al 30%. En todo el país, calculan que la cifra de huelguistas llega a las 2.000 personas.
Jesús Arteaga, de la Unión Profesional de Fiscales, y Jaime Anta, juez decano de Santander, han sido los encargados en leer el comunicado acordado para toda España. En él, han calificado la situación de «insostenible» y han puesto como ejemplo de la intromisión política y de la «falta de respeto» al poder judicial el anuncio por parte de los partidos para elegir al próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
«Hoy, más que nunca, tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes. Un Consejo General del Poder Judicial elegido por las fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza del ciudadano en sus instituciones», ha lamentado Anta.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales han juntado fuerzas para consensuar un plan de 14 puntos centrados en reforzar la independencia judicial, modernizar la administración para dotarla de mayor calidad y eficacia y mejorar las condiciones de los profesionales.
Entre las medidas concretas que solicitan, se encuentran un nuevo sistema de nombramientos de cargos judiciales, un plan de inversiones, la modernización de las sedes judiciales, la convocatoria de al menos 250 nuevas plazas en los próximos cuatro años, creación de nuevos instrumentos para la lucha contra la corrupción, mejoras salariales, recuperación del anterior régimen de vacaciones y permisos o la reducción de las cargas de trabajo, entre otros.
La protesta también cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados de Cantabria y del presidente del TSJC, José Luis López del Moral, que junto con el resto de presidentes de tribunales superiores ha mostrado su solidaridad con la huelga y su apoyo a las «justas y legítimas reivindicaciones» de un sector «con graves carencias crónicas». En un comunicado conjunto, los presidentes explican que, por su posición institucional como máximos representantes del Poder Judicial en cada comunidad autónoma, no pueden sumarse a medidas de presión colectivas en su ámbito profesional.
A su juicio, «las graves carencias crónicas que sufre la Administración de Justicia y que los poderes legislativos y ejecutivos continúan sin corregir han desembocado en una situación insostenible, que genera el lógico malestar generalizado en toda la carrera judicial y fiscal». En ese contexto muestran su solidaridad con las siete asociaciones que convocan la huelga, la segunda en este año de ambas carreras, y su apoyo a unas reivindicaciones que, recuerdan, incluyen la mejoras de las condiciones profesionales de jueces y fiscales.
