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Interior de las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad, DNI y pasaporte, en Santander, situada en la calle López Dóriga CELEDONIO/DM

Huelga en las oficinas del DNI por colocar a agentes de la Policía a cubrir vacantes en puestos administrativos

Cantabria ·

Comisiones Obreras denuncia que en las cuatro oficinas de expedición del DNI y pasaporte de Cantabria trabajan 40 funcionarios, en vez de los 63 que corresponden, y anuncia paros todos los viernes desde el 5 de marzo hasta el 10 de abril

DM .

Santander

Jueves, 18 de febrero 2021, 14:22

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El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) convoca una huelga en la Policía Nacional con paros parciales de dos horas todos los viernes, desde el 5 de marzo hasta el 30 de abril, para exigir la cobertura de las vacantes en las oficinas de expedición del DNI y del pasaporte de la región con personal administrativo y no con funcionarios policiales, como se realiza en muchos casos.Denuncian también que en las comisarías de Cantabria donde se tramita esta documentación trabajan 40 funcionarios, en vez de los 63 que corresponden según lo establecido en la relación de puestos de trabajo. Es decir, faltarían 23 puestos por cubrir: 17 en las dos oficinas de Santander, cuatro en Torrelavega y dos en Castro Urdiales, además del personal correspondiente de la Oficina de Extranjería.

«Llevamos años denunciando que, a pesar de la evidente necesidad, el Ministerio del Interior no cubre el total de plazas vacantes del personal no policial», lamenta Fernando García, secretario general de CC OO en el Ministerio del Interior. «Esto hace que quienes gestionan los recursos humanos coloquen a policías en esos puestos, en detrimento de otros servicios públicos, como la seguridad ciudadana, que entendemos están más cerca del interés, formación y vocación del personal policial, con un importante sobrecoste».

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO en Cantabria asegura que al menos seis efectivos policiales están realizando esas tareas, aunque estima que el número podría ser mayor debido a la dificultad para cuantificar el número exacto.

Estas demandas se remontan al año 2014, cuando el sindicato ya puso de manifiesto esta necesidad, cuando anticipó el colapso que iba a producirse en los servicios del DNI al coincidir con un pico de renovaciones en 2019. Como consecuencia, se convocaron dos ofertas de empleo público extraordinarias con un incremento de 280 puestos que el sindicato señala que son «claramente insuficientes cuando hay alrededor de 1.500 vacantes por cubrir».

CC OO exige, además, una interlocución fluida con el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía. Aluden a la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los sindicatos en la Administración General del Estado, «especialmente graves en Policía, que ignora lo firmado al respecto de prevención de riesgos laborales, movilidad, reclasificaciones de puestos de trabajo y IV Convenio Único, entre otros».

García anticipa su propuesta de creación de un órgano de gestión de recursos humanos de personal no policial, determinando las funciones de cada colectivo dentro de la Policía. «No es una novedad en el Ministerio del Interior, donde ya existen cuerpos que mantienen su estructura propia en cuanto a la gestión de efectivos, pero con dependencia funcional de otra dirección general», asegura García.

El sindicato, que inició en junio una campaña de movilizaciones para exigir el cumplimiento de los acuerdos en la Administración del Estado, anuncia paros parciales a partir del próximo 5 de marzo y anticipa asimismo que, de ser necesario, convocará jornadas completas a partir de esa fecha, «hasta que se garantice el respeto a los derechos del personal no policial».

En Cantabria, desde 2009 están congeladas las productividades del personal no policial después de que ese año se rebajaran un 5% mientras que la de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía se actualizan cada año y se aumentan considerablemente por el complemento de equiparación salarial. El sindicato lamenta que la Dirección General de Policía se niegue a negociar cualquier aumento del personal no policial, con la discriminación salarial evidente que eso supone para el personal que menos cobra.

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