La Junta de Personal Docente impugna la Mesa Sectorial en la que Educación aprobó el calendario

La Junta de Personal Docente impugna la Mesa Sectorial en la que Educación aprobó el calendario
Daniel Pedriza

Los sindicatos denuncian que no se convocó con la antelación legal necesaria y que se produjeron «importantes defectos de forma»

José María Gutiérrez
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZSantander

El conflicto abierto en la comunidad educativa en torno a la reducción de la jornada lectiva en Infantil y Primaria ha sumado un nuevo capítulo. La Junta de Personal Docente ha impugnado la Mesa Sectorial de Educación celebrada el pasado 12 de junio donde la Consejería aprobó de forma unilateral el calendario escolar del ejercicio 2018/19, incluyendo la eliminación de la reducción horaria en tres de las seis semanas de principio y final de curso, el mantenimiento en las otras tres, y, para cumplir con la legalidad del total de horas lectivas a la que han instado dos informes jurídicos que encargó, le suma tres días más de clase, con lo cual habrá 178 jornadas lectivas y no 175.

La Junta, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, CCOO y UGT, considera que el departamento dirigido por Francisco Fernández Mañanes aprobó el calendario en una Mesa Sectorial convocada de «manera ilegal», tal y como han denunciado en un recurso administrativo. La razón esgrimida es que tanto las propuestas presentadas por la Consejería como el informe jurídico realizado por el Gobierno de Cantabria llegaron a manos del organismo sindical con menos de 24 horas de margen respecto a la celebración de la Mesa cuando, según recoge la legislación, debe hacerse con una antelación mínima de 72 horas, detalla Jesús Aguayo, representante de STEC.

La Junta de Personal denuncia igualmente que existen «defectos de forma importantes», pues en la Mesa Sectorial del 12 de junio «se aprobó un calendario que ya se había negociado y aprobado» en la Mesa anterior, en concreto, la celebrada el 16 de mayo.

Cronología

El calendario no se ha publicado aún en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Ese proceso se iba a materializar a lo largo de esta semana, según confirmaron a este periódico fuentes institucionales. Después ya no habrá marcha atrás. En teoría. Porque la Junta amenaza que, en caso de publicarse, acudirá a los tribunales por las irregularidades comentadas. La impugnación puede convertirse en una forma de ganar tiempo de cara a la reunión que los sindicatos docentes tienen concertada el jueves con Miguel Ángel Revilla, en la que esperan que el presidente de Cantabria intermedie y convenza a Mañanes para plantear alguna otra alternativa a la decisión tomada.

Pero antes del encuentro, este miercoles, 20 de junio, está convocada la segunda jornada de huelga de maestros en todos los colegios de Infantil y Primaria de Cantabria.

FAPA acusa a la Junta de «manipulación»

El movimiento planteado hoy por la Junta de personal no es el único este martes en el que las aguas de la educación en Cantabria, lejos de calmarse siguen agitándose. Por un lado la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cantabria (FAPA) ha acusado a la Junta de Personal Docente de manipular al profesorado, de generar tensiones «que no existían» entre éste y las familias, y de haber declarado «ellos solos» una guerra «en la que han metido a toda la comunidad educativa». Por otro, CC OO ha vuelto a insistir en que Educación basa el calendario escolar en una interpretación «fuera de lugar» de una normativa que «ya se ha superado por la vía de los hechos» y que está generando «un conflicto sin precedentes».

En un extenso comunicado, la Junta Directiva de FAPA dice que ha «aguantado mucho», «una mentira detrás de otra», así como el intento de «deslegitimar» su representatividad y los «ataques personales» contra su presidenta, Leticia Cardenal, pero no ha respondido «por responsabilidad». «Pero hasta aquí hemos llegado; estas lenguas no aguantan más», ha advertido.

Para FAPA «lo peor» es que este conflicto ha llegado a la comunidad educativa y «se están viviendo situaciones muy desagradables en algunos centros». «Hemos llegado al punto de tener que entrar a los centros educativos donde estudian nuestros hijos como si fuéramos peligrosos delincuentes». «Porque su mensaje manipulador -el de la Junta de Personal Docente- buscaba tocar la fibra sensible de un profesorado que no se sentía valorado y parece que en muchos casos lo han conseguido y, tristemente, les han hecho ver que era culpa nuestra», ha lamentado.

Al respecto, FAPA ha preguntado a los sindicatos de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO y UGT) «cuánto tiempo van a seguir negando que existen dos informes jurídicos que indican claramente que la jornada reducida mantenida hasta ahora no cumple la legalidad».

También ha reprochado a la Junta de Personal Docente que confíe «ahora» en el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para que le «ayude a ganar una guerra que solo ellos han declarado, pero en la que han metido a toda la comunidad educativa».

Para la federación de padres, «la opción que dicta el sentido común» pasa por reconocer que el calendario con las jornadas reducidas es insostenible legalmente, iniciar negociaciones para conseguir mejoras laborales para el profesorado y, si se consideran excesivas, abrir el debate respecto a las horas lectivas.

Además, FAPA ha denunciado también el «lamentable papel» del consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, «que ha demostrado una incapacidad total para gestionar el problema y que ni siquiera ha sido capaz de clarificar a los centros y el profesorado la situación real en la que nos encontramos».

Un recurso ante la Audiencia Nacional

De esos informes a los que se refiere FAPA ha hablado hoy también la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO quien ha recordado que el sindicato ha recurrido ante la Audiencia Nacional y ante los tribunales superiores de las comunidades autónomas el decreto de 2012 sobre racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Es este decreto, precisamente, el que está «en el foco del conflicto del calendario escolar» de Cantabria.

El secretario general de la federación, Francisco García, ha explicado que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de CCOO, que va a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que no espere a que se resuelva y derogue un decreto que está «fuera de tiempo y de lugar» y que «ha ocasionado sufrimiento» en los centros educativos y en las familias y empeorado las condiciones laborales de los docentes.

Ha subrayado que en la exposición de motivos del decreto, por el que se llegaron a perder 30.000 profesores, se recoge que estaría en vigor mientras se mantuviera la situación de crisis en España, que lleva cuatro años creciendo. Según García, habría que preguntarse por qué el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, «ha expresado su temor a prevaricar» si no cumple esté decreto y si el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prevaricó al firmar un acuerdo que permite recuperar la oferta de empleo público y situar la tasa de reposición de los docentes por encima del 100 por cien.

«No hay ninguna comunidad autónoma donde haya un conflicto de esta naturaleza», ha afirmado. En este sentido, ha señalado que prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas tienen 175 días lectivos y jornadas reducidas en junio y septiembre. «Y nadie ha tenido la idea de sumar o restar las horas en jornadas lectivas».

Conchi Sánchez, responsable de la federación en Cantabria, ha aludido al ejemplo de Asturias, que acaba de aprobar un calendario escolar con esas características y ha abogado por buscar una fórmula como la de la comunidad vecina «siempre desde el consenso» y en «mesas técnicas donde haya voluntad negociadora». En Cantabria, se ha lamentado,«no ha habido tiempo ni voluntad negociadora y esperamos que eso se revierta», ha remachado.

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