Luces y sombras de los servicios sociales

Esta radiografía revela que la eficiencia en la utilización de los recursos económicos destinados a este sistema en Cantabria «es muy mejorable», pudiéndose obtener «mejores resultados de cobertura con el mismo esfuerzo presupuestario», recomendando para ello «una mayor vertebración de los servicios en el territorio, que ofrezca mayor facilidad de acceso a la ciudadanía y que evite solapamientos». También pone de manifiesto la «escasa evolución» del sistema público de Servicios Sociales en los últimos seis años y una «deriva» asistencialista que «se materializa en la entrega de prestaciones y servicios desde una perspectiva más discrecional que basada en derechos debidamente garantizados».

La inversión que realizan en materia de servicios sociales las administraciones públicas de Cantabria (Gobierno regional y entidades locales) registra un deterioro continuado a lo largo de la década, en una tendencia divergente con la de la mayor parte de las comunidades. A pesar de ello Cantabria sigue por encima de la media nacional en tres indicadores de relevancia económica, pero por debajo del nivel que registraba en 2011: así, el gasto por habitante y año en servicios sociales fue de 420,5 euros en 2018 cuando entonces era de 431,8. La media estatal se sitúa en 381,2 euros, con grandes diferencias entre comunidades: el País Vasco destina más del doble de inversión (703 euros) que Murcia (sólo 297).

Por su parte, el porcentaje que supone la inversión de las administraciones en servicios sociales sobre el PIB regional ha decrecido del 2,55% en 2011 al 1,86% actual, aunque sigue estando por encima de la media: 1,52%. Cantabria se coloca también por encima del conjunto del Estado si se observa el porcentaje de inversiones en la materia sobre el presupuesto total, que fue el año pasado de 9,84% frente al 9,36% nacional.

En la cobertura de prestaciones, la región destaca positivamente en las plazas de acogida para víctimas de violencia machista, con 27 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección (la media nacional es de 9,9); y en las Rentas Mínimas de Inserción, que alcanzan al 18,8% de la población bajo el umbral de la pobreza mientras que en el resto del país este porcentaje es sólo del 8%. La cuantía por perceptor representa el 15,51% de la renta media en Cantabria (13,21% en España).

De lo positivo a lo negativo. En materia de dependencia se atiende al 11,29% de la población cántabra potencialmente necesitada de estos recursos, pero su tasa de desatención -limbo de la dependencia- es muy elevada, con un 22,9%: más de una de cada cinco personas con derecho reconocido se encuentran en esta situación, siendo a nivel estatal del 9,2%.

Respecto a los servicios para personas mayores, Cantabria cuenta, proporcionalmente, con más plazas residenciales de financiación pública y centros de día respecto al resto de comunidades, pero es deficitaria en la cobertura de las ayudas a domicilio y en teleasistencia. Todo lo contrario que en los servicios para personas con discapacidad, donde las prestaciones están por encima de la media tanto en plazas residenciales como en centros de día y ocupacionales.

Pero el principal déficit, según el Índice DEC, se encuentra en la debilidad de las estructuras básicas de servicios sociales a nivel local, con sólo un profesional por cada 3.142 habitantes, lejos de la media nacional (uno por cada 2.348 personas) y mucho más de la comunidad que encabeza este ranking, Navarra, que tiene uno por cada 890 habitantes. Cantabria también suspende en plazas de alojamiento para personas sin hogar, con 22,54 por cada 100.000 habitantes, sólo una tercera parte que el conjunto de España (62).

A la vista de los resultados, los especialistas realizan una serie de recomendaciones al Gobierno de Cantabria para poner en marcha durante la nueva legislatura, entre ellas aprobar el catálogo de servicios sociales para garantizar los derechos reconocidos en su Ley; reforzar las estructuras básicas a nivel local, incrementando la ratio de profesionales por habitante; e incorporar a las entidades locales a la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia. Estas dos últimas medidas supondrían «un impacto muy positivo, ya que la descentralización, la adecuada coordinación entre administraciones y la implicación local son factores que mejoran tanto la eficacia como la eficiencia en los servicios sociales».

Sobre la recomendación de incorporar los municipios a la gestión del Sistema de la Dependencia, actualmente gestionado por el Icass (Instituto Cántabro de Servicios Sociales), el Gobierno no comparte que la prestación desde la comunidad autónoma «sea más ineficiente» que si se hiciera directamente desde los municipios, y en todo caso, considera que la municipalización del sistema «sería objeto de un estudio y debate más riguroso y con el concurso y consenso de los municipios dada la carga financiera y de personal que les supondría».

El informe DEC también señala la necesidad de incrementar la cobertura de la ayuda a domicilio y la teleasistencia, en los que Cantabria tiene déficit. «Resulta paradójico que en algunos territorios aparentemente sencillos de coordinar por su reducido volumen, se produzca una trágica descoordinación entre los niveles autonómico y local», señala. En respuesta, la directora del Icass, Felisa Lois, recurre a un reciente estudio de la Fundación Pilares «que afirmaba precisamente a este respecto que no era necesariamente negativo que prestaciones como la teleasistencia o la ayuda a domicilio del sistema de la Dependencia se presten desde el ámbito autonómico». Este estudio, según destaca, concluía que Cantabria «ha sorteado los efectos de la crisis sin un menoscabo serio de la red de servicios sociales y cuenta con solidez institucional».