El pago de la Renta Básica se retrasa cuatro días por la revisión al alza de las cuantías

El Partido Popular de Cantabria ha denunciado retrasos en el pago de la Renta Social Básica en la región. Algo que para la diputada del PP, Isabel Urrutia, es «gravísimo e inadmisible» en una crisis económica y social como la actual que quienes «más lo necesitan tarden en cobrar lo que les pertenece», porque se trata de «personas que no tienen para cubrir sus necesidades básicas».

La explicación dada por el Gobierno regional ha sido que ha habido que recalcular el importe de la ayuda de las 5.000 personas beneficiarias, que se ha incrementado, por lo que se trata de un hecho «muy puntual». Sin embargo, el pago, aunque habitualmente se hacía el dia 29, se ha formalizado este miércoles 3 de febrero.

El Ejecutivo ha subrayado que las personas que perciben esta ayuda verán incrementada la cuantía mensual entre un mínimo de 21,65 euros y un máximo de 34,28, gracias a la subida del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) aprobada por el Gobierno de España.

Así, el importe mínimo de la prestación para una sola persona pasa de 430,27 a 451,92 euros mensuales, mientras que el máximo para una unidad familiar formada por cuatro o más miembros aumenta desde los 672,30 euros a los 706,12.

El Ejecutivo asegura que se trata de un incremento «histórico, el mayor desde la creación de este indicador en el año 2004» y que, además, «rompe» con la congelación que ha sufrido durante años, resalta el Gobierno regional, para destacar que esta subida beneficiaría a miles de cántabros.

En este sentido, explica que el Iprem se utiliza como referencia para la concesión de diferentes prestaciones sociales, como la contributiva o los subsidios por desempleo, además de la renta de inserción social, entre otros.

El bipartito remarca su compromiso con las personas que más lo necesitan aludiendo, por ejemplo, al complemento extraordinario de 75 euros por cada menor a cargo que aprobó la Consejería de Empleo y Políticas Sociales durante seis meses -entre mayo y octubre- que benefició a «más de 2.000 familias» y que supuso una inversión extraordinaria de más de 1,5 millones, o la decisión adoptada por este mismo departamento de continuar reconociendo la Renta Social Básica mientras se resuelven las solicitudes del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV).

«Este compromiso contrasta radicalmente con las medidas que adoptaron otros Gobiernos», han subrayado desde el Ejecutivo de coalición, recordando que durante el mandato de la actual presidenta del PP y exconsejera de Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, y la diputada 'popular' y exdirectora del Icass, Isabel Urrutia, se «aumentaron» los requisitos de la RSB «dificultando el acceso a la ayuda a personas vulnerables, eliminando el reconocimiento con carácter retroactivo, limitando en el tiempo el derecho a percibir esta ayuda y demorando, al mismo tiempo, durante meses, la resolución de las solicitudes».