«La reforma del Código Penal no debe hacerse en caliente, sino con previa reflexión»

La magistrada Amaya Merchán, presidenta de la APM en Cantabria. /Javier Cotera
La magistrada Amaya Merchán, presidenta de la APM en Cantabria. / Javier Cotera

«Las declaraciones de Catalá sobre el juez de 'La Manada' están fuera de lugar y espero que no menoscaben la confianza de los ciudadanos en los jueces»

CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER.

La sentencia de 'La Manada', las declaraciones del ministro de Justicia cuestionando al juez del voto particular, las movilizaciones de los jueces y la huelga que acecha, el acoso al magistrado del 'procés'... La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cantabria y magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Santander, Amaya Merchán (Burgos, 1974) responde desde la cautela ante la convulsión que vive la justicia en nuestro país. Huye de etiquetas -«la justicia no es machista ni feminista»- y considera «impropias de un responsable político» las recientes manifestaciones de Catalá. Defiende categórica la independencia de los jueces en España, pero sostiene que hay un problema de falta de credibilidad en su órgano de Gobierno, en el CGPJ.

-La condena a 'La Manada' por abuso sexual y no por violación ha provocado una fuerte contestación social ¿Es machista la justicia?

-La justicia no es machista ni feminista. El juez aplica la ley atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso. Quien discrepe de las decisiones judiciales siempre tiene la vía del recurso.

-Si cinco personas arrinconan a una chica y eso no es agresivo, ¿es que falla algo en el Código Penal?

-Hay que estar al resultado de la prueba y circunstancias de cada caso para discernir entre lo que puede ser el prevalimiento de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima para obtener su consentimiento, viciado por tal causa, de la violencia o intimidación, conceptos jurídicos que delimitan la diferencia entre abuso y agresión sexual. Este tipo de delitos revisten una complicada y cambiante regulación.

-El ministro Rafael Catalá ha dicho que el juez que emitió el voto particular «tiene un problema singular» y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber actuado. ¿Qué le parece?

-Este tipo de manifestaciones constituyen algo impropio del responsable político entre cuyas competencias se encuentra la de velar por la independencia y credibilidad del poder judicial. Cualquier cuestión relativa a la capacidad o régimen disciplinario de los jueces es competencia exclusiva del CGPJ.

-Catalá se ha defendido y ha dicho que no debe ser «ciego, sordo y mudo» ante el debate que se ha producido tras esta sentencia. ¿Cree que está dentro de sus obligaciones alertar de las anomalías que pueden suceder en el funcionamiento de la Justicia para que el Poder Judicial actúe?

-Cualquier ciudadano puede alertar sobre cualquier anomalía que observe en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Para ello existe un Servicio de Atención al Ciudadano en el seno del CGPJ. Lo que no es admisible es despertar dudas sin ningún tipo de prueba.

-¿Un ministro puede opinar como cualquier ciudadano del contenido de una sentencia?

-La crítica a las resoluciones judiciales es saludable como mecanismo de fortalecimiento del Estado de Derecho, pero una cosa son las críticas y otra las descalificaciones o dudas sobre la capacidad de los jueces. Cuando se trata de responsables políticos es exigible un especial cuidado a la hora de abordar las decisiones judiciales, ya que se trata de un poder, el ejecutivo, cuyo control corresponde al poder judicial, y debe de velar por el escrupuloso respeto de los principios básicos del Estado de Derecho, entre los que se encuentra la separación de poderes y la independencia judicial.

-¿Declaraciones como las de Catalá comprometen la confianza en el sistema judicial?

-Los jueces nos esforzamos día a día para conseguir una justicia mejor. Los ciudadanos pueden confiar en sus jueces y espero que esa confianza no quede menoscabada por unas declaraciones fuera de lugar.

-¿Debe dimitir el ministro?

-Es una cuestión que solo a él le corresponde valorar. Las asociaciones de jueces ya hemos pedido su dimisión ante la situación existente, pero su materialización le corresponde a él.

-¿Urge reformar «cuanto antes» el Código Penal, como defiende el Gobierno de Mariano Rajoy, para revisar la calificación de los delitos sexuales?

-Cualquier modificación legal, en particular la reforma del Código Penal, nunca debe de hacerse en caliente, sino previa reflexión necesaria y con el mayor consenso posible, escuchando a los profesionales y expertos en la materia. Las leyes no deben responder nunca a un caso concreto, sobre todo si en ese caso concreto ni siquiera se ha dicho la última palabra judicial, como es el caso de 'La Manada'.

-¿La huelga de jueces y fiscales del 22 de mayo actualmente está más cerca?

-La huelga y movilizaciones de jueces y fiscales no son un fin sino un medio para conseguir una justicia de mejor calidad, que se desconvocará o modificará cuando se constaten avances y un compromiso real de mejorar la calidad de la justicia. Estamos a la espera de comprobar si en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuya aprobación está pendiente, se recogen medidas como la creación de nuevas plazas judiciales y de fiscales con la convocatoria de oposiciones, inversiones necesarias en la justica para la mejora del expediente digital y dotación de medios materiales...

-¿Se está, entonces, a tiempo todavía de conseguir un pacto para evitar la huelga?

-Las movilizaciones y la huelga no son un plato de buen gusto para jueces y fiscales, pero queremos conseguir lo que pedimos, aunque dado el tiempo que resta para el día 22 de mayo y el trámite parlamentario que deben de seguir las reformas, es difícil que puedan aprobarse algunas de nuestras peticiones.

-En junio del año pasado las asociaciones judiciales presentaron al ministro de Justicia un catálogo de 14 propuestas. ¿Cuál es el balance?

-El balance real de propuestas materializadas es inexistente, aunque es cierto que algunas de ellas se encuentran en marcha, pendientes de tramitación parlamentaria y posterior aprobación, como la implantación de los Tribunales de Instancia, la especialización profesional, la convocatoria de oposiciones con un número de plazas adecuado a las necesidades y la supresión del magistrado autonómico.

-Entonces, ¿el Gobierno no ha atendido ninguna?

-No se ha concretado y aprobado nada en las negociaciones. No obstante, el Ministerio se ha mostrado consciente de la necesidad de alcanzar acuerdos en algunas de nuestras propuestas. Por ejemplo, que carece de fundamento que toda la función pública haya recuperado las condiciones profesionales previas al año 2010 menos los jueces y fiscales, o en las cantidades que se están abonando por el desempeño del servicio de las guardias.

-¿Qué aspectos son innegociables?

-Es necesario que se apueste de verdad por la justicia y que se adopten medidas para reforzar su credibilidad, y hay que dotar a la justicia de los medios necesarios para prestar un servicio de calidad y una mejora de las condiciones en las que los jueces desempeñamos nuestra labor. Es necesario que se vean avances reales en la idea de que la justicia es de todos.

-En Cantabria, la primera concentración en Las Salesas movilizó a más de medio centenar de jueces y fiscales. ¿Esperaban un apoyo mayor?

-Teniendo en cuenta el número total de jueces y fiscales en Cantabria, y que algunos no pudieron asistir personalmente a la concentración en Las Salesas, pero se adhirieron a la misma a través del correo habilitado al efecto, el número es más que satisfactorio.

-¿En su catálogo de reivindicaciones, qué pesa más: el reforzamiento de la independencia judicial o que les suban el sueldo?

-No se trata de dar mayor peso o relevancia a unas u otras peticiones. Todas y cada una de nuestras reivindicaciones tienen la misma finalidad, lograr una justicia de calidad. Pero la independencia judicial pasa por la independencia económica.

-¿Los jueces en España carecen de independencia?

-Categóricamente no, los jueces en España somos absolutamente independientes. Cuestión diferente es que exista un problema de falta de credibilidad en el órgano de gobierno de los jueces. En el último cuadro de indicadores de la Unión Europea sobre calidad de la justicia, España ocupa el cuarto lugar por la cola sobre percepción de falta de independencia de los jueces, dato que es más una percepción que una realidad. Pero, ciertamente, hay que buscar las causa de tal percepción de los ciudadanos para solucionarlo.

-¿Cuáles son las medidas esenciales para conseguir esa independencia?

-Independencia existe, si bien la recuperación de la credibilidad en esa independencia pasa por analizar las causas que han conducido a esa percepción .

-¿Y cúales son?

-Pues la judicialización de la política, la deficiente regulación de las puertas giratorias, el tratamiento público de determinados procesos penales, sobre todo cuando afectan a personas de singular relieve político o social, las dudas que genera el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ, la regulación de la figura del indulto, el sistema de aforamientos que existe en España... Concretadas las causas, todas tienen solución siempre que exista voluntad política de apostar por la justicia.

«No somos ni más ni menos corruptos que otros países»

–El Parlamento de Cantabria ha aprobado la reforma del Estatuto de Cantabria para eliminar los aforamientos. ¿Se trata de un gesto de cara a la galería o tiene un mayor calado?

–Los aforamientos tienen sentido en la medida en que traten de garantizar la independencia del aforado y se circunscriban única y exclusivamente a actuaciones relacionadas con las funciones propias del cargo. No obstante, su extensión excesiva o indiscriminada, como ocurre en nuestro país, contribuye a generar una idea de desigualdad de trato que afecta directamente a la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El uso y regulación correcta de esta figura contribuye a afianzar la confianza de la ciudadanía en la justicia e igualdad de trato.

–¿Somos un país corrupto o somos un país con unas élites corruptas?

–Ni más ni menos que otros países, lo que sucede es que contamos con un poder judicial independiente al que no le duelen prendas a la hora de investigar las actuaciones que revisten indicios de criminalidad, vengan de donde vengan. La justicia puede ser lenta, pero llega siempre.

–Y en Cantabria, ¿cuál diría que es la situación en cuanto al grado de corrupción?

–Los jueces de Cantabria investigarán y enjuiciarán con absoluta independencia cualquier causa de criminalidad, provenga de donde provenga.

–Desde junio de 2016 es asesora confidencial, un cargo creado por el CGPJ para luchar contra las conductas sexistas en la carrera judicial. ¿Ha recibido alguna queja?

–Desde que asumí el cargo de asesora confidencial no he tenido que activar el Protocolo frente al acoso en la carrera judicial.

–El 51,3% de los jueces y magistrados de Cantabria son mujeres, pero sólo una jueza está en la cúpula judicial (preside la Sala de lo Social del TSJC). ¿Qué reflexión le merece este dato?

–En la actualidad, aproximadamente el 52% de la carrera está integrada por mujeres y en las últimas promociones la proporción se incrementa hasta el 70%. Esta presencia deberá de tener su reflejo en el acceso a los puestos más altos de la carrera y órganos de gobierno del poder judicial. La presencia de la mujer no solo es necesaria sino que es una cuestión de justicia.