El repunte en la llegada de menores inmigrantes llena los centros de acogida de Cantabria

Un grupo de inmigrantes se dispone a coger un vuelo en Canarias con destino a la península./DM
Un grupo de inmigrantes se dispone a coger un vuelo en Canarias con destino a la península. / DM

El Ejecutivo regional está dispuesto a recibir extranjeros de las autonomías más saturadas, pero deberá ampliar el número de plazas

Daniel Martínez
DANIEL MARTÍNEZSantander

No se puede hablar de saturación, pero sí de una ocupación total. A día de hoy, Cantabria cuenta con 42 plazas para la acogida de menores extranjeros no acompañados ('menas') y en momentos puntuales a lo largo del último año el número de usuarios que atiende la región en los tres centros disponibles ha superado esa barrera. Ayer eran 47, el triple que dos años atrás. Lo que ocurre es que ese dato está un tanto desvirtuado, porque también incluye a los jóvenes que están de paso hacia otros destinos y utilizan las instalaciones de forma puntual. «De manera estable pueden ser unos 40 o 42», explica Vanesa Solórzano, la subdirectora de Infancia y Adolescencia, una de las dos representantes del Ejecutivo regional –la otra fue Felisa Lois, directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass)– que el pasado lunes estuvieron en la Conferencia Sectorial de Inmigración organizada en la sede del Ministerio de Trabajo.

Allí, la responsable del departamento, Magdalena Valerio, reunió a las comunidades autónomas para abordar al desafío de la inmigración de manera conjunta. El asunto de los menores fue uno de los que estuvo sobre la mesa y en concreto el «desequilibrio» existen por el desigual reparto en los distintos territorios. Los 47 'menas' que tutela Cantabria –44 según los datos del Ministerio del Interior– no son nada comparados con los 2.597 de Andalucía, los 1.012 de Cataluña, los 933 de la ciudad de Melilla o los 713 del País Vasco. Estas últimas, las que están más saturadas por la llegada de extranjeros, son las que piden con urgencia solidaridad a las que lo están menos. En este segundo grupo se encuentran La Rioja (1), Extremadura (7) o Navarra (24).

Aunque el encuentro del lunes fue sólo una primera toma de contacto y el reparto de los posibles cupos y las ayudas asociadas no se decidirán, si hay acuerdo, hasta el 5 de septiembre, el Gobierno regional ya dejó clara su posición. «Tenemos una postura de colaboración y la disposición para poder acogerles, pero habrá que ver cuál es nuestra situación de disponibilidad en ese momento y cómo se aborda el tema entre todas las comunidades», defiende Solórzano, quien recuerda que España «conoce muy lo que es emigrar y por eso tiene la obligación de ser solidario».

Lo que sucede es que, de llegar a un acuerdo, esa solidaridad conllevará, necesariamente, ampliar el número de plazas, firmar nuevos conciertos de colaboración con entidades que gestionan este tipo de servicios y, por lo tanto, también aumentar las partidas económicas destinadas a tal fin. Porque ahora mismo, el repunte en la llegada de menores inmigrantes hace que sea muy complicado albergar a más con los medios actuales.

Picos de ocupación como esta no son nuevos. Antes del comienzo de la crisis se alcanzaron niveles similares, pero en la última década las cifras habían caído en picado. En 2015 eran 20, según los datos de la Memoria Fiscal de Cantabria. Entonces, el organismo constataba el «llamativo descenso de la presencia de estos menores» y lo achacaba, «sin duda a la pérdida del efecto llamada, derivada de la crisis económica». En 2016 eran aún menos, 15 a pesar de que la Fiscalía advertía de que en Cantabria la obtención de la documentación era más «ágil» y eso había animado a llegar a algunos menores inmigrantes desde otros puntos de España.

Ya en 2017 se inició ese cambio de tendencia y ahora el repunte ha llegado a su cota máxima. «Se ha producido un crecimiento en estos dos años. En cualquier caso, Cantabria tiene un plan de acogida a personas y tenemos capacidad para poder acoger en función de las decisiones que en acuerdo con el Ministerio se vayan tomando», apuntaba ayer la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos. También calificó como «lamentables» las declaraciones sobre este asunto del líder del PP, Pablo Casado, y se mostró a favor de actuar, de forma paralela, en los países de origen y de tránsito.

Ni Cantabria ni ninguna otra comunidad susceptible de acoger en los próximos meses a 'menas' sabe aún cuándo y cuántos menores llegarán. Tampoco qué recursos serán necesarios ni cuántos aportará el Estado para los nuevos conciertos con entidades como Nueva Vida, que ya ha mostrado su predisposición a colaborar. «Estamos dispuestos porque creemos que a esos niños hay que atenderles y así lo hicimos durante siete años», apunta su presidente, Julio García.

La relación con el Icass se quebró durante la anterior legislatura por el retraso en los pagos del convenio. «Estuvimos cinco meses sin cobrar. Somos una ONG pequeña y no pudimos asumirlo porque ponía en peligro el resto de programas que tenemos con víctimas de tratas, mujeres maltratadas, presos... Fue algo indigno para los menores y nos dio mucha pena porque conseguimos cosas muy buenas. De hecho, con muchos de los chicos mantenemos aún relación». Ahora, si el Ejecutivo se lo pide, están dispuestos a retomar esa senda.

El proceso

La acogida de menores inmigrantes en Cantabria depende del Icass y está gestionada por la Fundación Diagrama, con tres centros en la región. El Acebo es el de recepción, el que pisan nada más ser puestos a disposición de la comunidad autónoma por mandato judicial;el trabajo de esta institución consiste en acoger a estos chicos –el porcentaje de mujeres es mínimo y actualmente es cero– e insertarlos en la sociedad con distintas iniciativas. Además de la atención sanitaria, tienen garantizada la escolarización en función de su nivel educativo. Asisten a centros públicos, aunque en ocasiones con un currículo adaptado, ya que no siempre dominan el idioma. De ahí suelen pasar a centros formativos, talleres de capacitación específicos y a programas de inserción laboral.

Cada uno tiene una historia y acaba en Cantabria por un motivo, pero todos llegan derivados del departamento de Extranjería de la Policía Nacional. Actualmente, la nacionalidad predominante es la marroquí, pero también hay un gran número de albaneses. Por ejemplo, los que intentan pasar como polizones al ferry con destino a Reino Unido y son 'cazados' por los agentes.

¿Qué pasa cuando los 'menas' llegan a la mayoría de edad»?

Los centros de acogida para menores no acompañados ('menas') están pensados para inmigrantes que no superen los 18 años, pero puntualmente, cuando la persona así lo desea y cumple una serie de requisitos, puede continuar en los programas que desarrolla el Gobierno de Cantabria a través de distintas organizaciones y continuar con su proceso de integración y formación más allá de esa edad. Cuando no se dan esas dos premisas, la obligación de la Administración es comunicar la situación a la Justicia. «Cuando llega ese momento se comunica a la Fiscalía que esta persona ya ha superado esa edad y compete a otros organismos tomar la decisión», apunta Solórzano: o bien la permanencia, o la expulsión.

El protocolo exige comprobar que no estén tutelados por otras comunidades y que realmente son menores de edad. Cuando tienen menos de 18 años, la región está obligada a acogerlos y no se puede decretar su extradición en caso de que haya convenio de colaboración con su país de origen, como sí ocurre con los adultos. Solórzano apunta a que casi nunca hay problemas para determinar su edad porque suelen llegar con algún tipo de documentación.

Pero no hay excepciones. Una fue la del joven camerunés asentado en Cantabria que en 2016 se enfrentó a dos órdenes de expulsión. Su pasaporte indicaba que tenía 17 años, por lo que tenía derecho a la tutela administrativa, pero el Gobierno se amparaba en el informe fiscal que, basado en pruebas médicas, decía que era mayor y convertía su situación en irregular.