El romance de las españas

Todo el mundo empieza a apuntarse a lo de nacionalidad histórica, derechos forales e inmortalidades étnicas

Juan Luis Fernández
JUAN LUIS FERNÁNDEZ

Se atribuye a Mark Twain la ocurrente frase de que «la historia no se repite, pero rima». Es el modo de admitir que se repite en algún aspecto, pues la rima consiste precisamente en la reiteración de la secuencia final de sonidos en dos o más versos. La historia de España también rima en sus momentos dispersivos. Las zonas de querencia carlista durante el siglo XIX tenían los fueros como reivindicación ante el estado liberal, y en la primera experiencia republicana la cosa evolucionó en pocas semanas desde una idea federal a un abierto cantonalismo. Durante el segundo intento de república, que ya en su natividad tuvo que lidiar con la república catalana proclamada por Francesc Macià en abril de 1931, se aprobaron algunos estatutos y se inició una corriente de borradores que prometía la generalización autonómica. El resultado de la guerra civil frenó aquella dinámica, que después de 1977 volvió a ponerse en marcha, y cuyo resultado es nuestro actual estado de las autonomías, cuarto intento de gestión de la diversidad.

En algún siglo venidero, los hispanistas se preguntarán cómo, justo en el momento en que las diferentes regiones de España contaban con más autogobierno que nunca, les entró la congoja de considerar que tenían muy poca autonomía y que era preciso reorganizar (o retro-organizar) España para limitar aún más la esfera de decisión común y amplificar la propia.

Sería ocioso desplegar aquí el problema del independentismo en Cataluña, el nuevo estatus pactado por el PNV con Bildu, la política lingüística en Baleares, la polémica abierta sobre la oficialidad del bable en Asturias, o el mástil desnudo en representación de la ausente ikurriña en el chupinazo del San Fermín pamplonica. Tan extraordinario como todo ello es la ley 8/2018, de 28 de junio, de «actualización de los derechos históricos de Aragón», publicada el pasado martes en el Boletín Oficial de aquella comunidad.

Su primer artículo declara que Aragón es «una nacionalidad histórica, de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento»; ya el preámbulo de la ley nos había explicado que tan feliz orto tuvo lugar «hace más de doce siglos». Y que nos quede claro a todos: «La participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos», los cuales deberán actualizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución para las comunidades forales. Por ello, todas las administraciones públicas aragonesas deberán «respetar dicha condición y utilizar en sus normas y documentos oficiales la denominación Aragón, nacionalidad histórica, así como fomentar su uso por los particulares y medios de comunicación».

El segundo artículo (no teman, no voy a reproducir todos) señala que «los derechos históricos residen en el pueblo aragonés, del que emanan los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón», que así dentro de Europa y España tiene derecho a una «posición singular». Esta consiste, por ejemplo, en una relación bilateral con el Estado, en «el derecho de Aragón a acceder al más alto grado de autogobierno y, como mínimo, al que se reconozca a cualquier otra nacionalidad del Estado español». O también en el «respeto por los símbolos, nombres y denominaciones originales de las instituciones políticas y jurídicas del antiguo Reino de Aragón y su defensa frente a errores, deformaciones o manipulaciones de la historia o de la realidad territorial, cultural o lingüística de Aragón».

Por si alberga todavía usted alguna duda, desalbérguela con el artículo 4, que proclama que «los derechos históricos del pueblo aragonés son anteriores a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía», y que además «no prescriben por falta de uso, ejercicio o reclamación». Son eternos. Por ello, la Disposición Final Primera de esta ley indica que la Diputación General de Aragón se dirigirá al Estado español para que derogue formalmente el Decreto de Nueva Planta que el rey Felipe V publicó en junio de 1707 anulando los fueros de Aragón. Quiere así asemejarse al País Vasco y Navarra, los únicos que, como fueron partidarios de Felipe en la Guerra de Sucesión, vieron respetado su régimen foral.

Antes de desenterrar a Franco, pues, creemos que Pedro Sánchez tendrá que desenterrar a Felipe V, que urge más. Para que no pierda tiempo buscando en Google, le informamos de que el monarca está enterrado, junto con su esposa Isabel de Farnesio, en la Colegiata del Palacio de La Granja de San Ildefonso.

Esta ley ha sido posible por el voto favorable del PSOE, y lleva la firma del presidente de Aragón, Javier Lambán Montañés, que se tomó en serio la expresión «nación de naciones» y no recibió el whatsapp de Ferraz aclarando que había sido un error del texto predictivo de la tableta.

Todo el mundo empieza a apuntarse, pues, a lo de nacionalidad histórica, derechos forales e inmortalidades étnicas. No sería sorprendente que también en Cantabria los más inquietos empezaran a emular a estos «movimientos nacional-históricos», aunque la no existencia de un Reino de Cantabria en la Edad Media obligará a un esfuerzo suplementario de argumentación. Pero si no tenemos derechos históricos, con toda seguridad los podremos tener prehistóricos. Serían incluso preexistentes a la nación aragonesa, advertimos por si el reparto de chuches fuese por orden de antigüedad. Desde luego, si Aragón obtiene un estatus foral a la navarra, en Cataluña no pedirán menos. Y recordemos que Felipe, hasta la coronilla de que le hubiesen obligado a guerrear por la corona desde sus 17 a sus 32 años, también suprimió los fueros en Valencia y Mallorca, así que el problema no sería pequeño si cundiese el ejemplo de «devolución foral» con trescientos años de retraso. Lo de devolver la plusvalía del piso o lo invertido en preferentes va a ser una broma comparado con el desentierro de Felipe de Anjou.

El PIB por habitante de Cantabria el año pasado fue de 22.513 euros. Bastante inferior al de País Vasco (33.088), Navarra (30.914), Cataluña (29.936), Aragón (27.403) y Baleares (25.772). Todos estos figuran por encima de la media nacional de 24.999 euros. De manera que, si el foralismo con base en nacionalidades históricas de «gatos gordos» se generaliza en negociaciones bilaterales, ¿cómo asegurar los mecanismos de solidaridad interclasista, intergeneracional e interterritorial? ¿Qué será Cantabria en un club de nacionalidades históricas con VISA oro? Como nuestra historia siga rimando tanto, acabaremos siendo un vagabundo que cante por las aldeas el trágico romance de las Españas.

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