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Abel Verano
UGAM no cree que la reforma de ley sobre el lobo se apruebe esta legislatura

UGAM no cree que la reforma de ley sobre el lobo se apruebe esta legislatura

Gaspar Anabitarte califica de «apaño» las modificaciones y busca un pronunciamiento de los todos los partidos políticos para las próximas elecciones

TEODORO SAN JOSÉ

SANTANDER.

Viernes, 9 de noviembre 2018, 07:43

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«Si el lobo es cinegético o no, a nosotros nos es indiferente. Lo que necesitamos es un control de población eficaz y un cuerpo económico que cubra las espaldas de los ganaderos, a los que este problema les está llevando a la ruina». Esa es la postura del sindicato agrario UGAM COAG, en boca de su secretario general, Gaspar Anabitarte, sobre la Ley de Caza que el Ejecutivo regional va a presentar al Parlamento para que se aprueben las modificaciones por las que, básicamente, el Gobierno se compromete a pagar todos los daños que cause el lobo al margen de en qué zona se produzcan. Anabitarte, más allá del «apaño», dice sobre esa modificación, lo que reclama es que se saque adelante pronto «todo el plan de gestión del lobo», algo sobre lo que se muestra pesimista por la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno regional y el escaso tiempo -«al Parlamento le quedan dos telediarios», dijo- que falta para que concluya la legislatura.

De este modo rebate las manifestaciones que realizó el miércoles el consejero de Medio Rural, Jesús Oria, quien aseguró que las modificaciones de esta Ley entrarán en vigor «a finales de año, antes de que acabe la legislatura». Y, por si fuera poco, Anabitarte teme que, si la modificación legislativa saliera adelante, pueda ser impugnada ante los tribunales por las organizaciones ecologistas.

El secretario general de UGAM criticó ayer en rueda de prensa cómo se ha gestionado este tema del lobo en Cantabria en las dos últimas legislaturas, tanto por el Gobierno del PP, al que acusó de «guardar en el cajón» el acuerdo que se gestó en 2014, como por el actual de coalición PRC-PSOE, al que ha reprochado que lo «abortó por presiones» después de presentarlo.

Desde el sindicato ganadero se descarta esa aprobación porque el Gobierno «no lo ha hecho en dos años», y ahora «no hay tiempo» para ese proceso parlamentario, porque el Ejecutivo «no tiene mayoría parlamentaria». De ahí que sus esfuerzos se centren, dijo, en forzar para las próximas elecciones a los partidos políticos a que se pronuncien sobre el Plan de Gestión del Lobo «en los términos que está», independientemente de que se mantenga la posibilidad de que esta especie conserve su carácter cinegético o no. Y exigirá al próximo Gobierno que, «a la mayor brevedad», apruebe ese plan de gestión del lobo y que lo saque a información pública. «Y, a partir de ahí, veremos si el plan de gestión funciona y lo aplaudiremos y, si no, habrá que cambiar en lo que el plan de gestión no esté funcionando», ha resumido.

Volvió Anabitarte sobre el momento actual al recordar su escepticismo sobre la aprobación de la Ley de Caza debido a la «ruptura» escenificada por los socialistas frente a los regionalistas, con vistas, dijo, a la campaña electoral para los comicios autonómicos de mayo. Se refería al apoyo socialista a las protestas de los ganaderos en Arredondo, el día 1 (donde Pablo Zuloaga se comprometió con ellos a abordar el problema, que en su opinión necesita una «urgente solución»), y a las posteriores declaraciones de Oria, el miércoles, quien calificó de «incomprensibles» las palabras del secretario regional del PSOE, al tiempo que le solicitaba «herramientas presupuestarias» y «colaboración» del Gobierno de España a través de la Delegación en Cantabria para hacer frente a los daños del lobo.

Ayer Zuloaga sostuvo que «se necesitaría iniciar un diálogo» entre el Ejecutivo de España y el regional, y que la Delegación «está abierta a ayudar, colaborar y trasladar los mejores proyectos para los intereses de Cantabria. Y, evidentemente, éste es uno de ellos».

El delegado del Gobierno rechazó, de paso, que haya recibido ninguna queja de Medio Natural por sus declaraciones en Arredondo: «Si es un problema que debemos asumir todos, no debe caer la responsabilidad de alimentarle sobre unos pocos», concluyó.

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