La Fiscalía investiga la modificación del PGOU de Santoña en el caso Chiloeches

El Palacio de Chiloeches, antiguo hospital militar de Santoña. /
El Palacio de Chiloeches, antiguo hospital militar de Santoña.

Santoñeses presentó una denuncia por "prevaricación y malversación de caudales públicos"

ERNESTO SARDINASantander

La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias para investigar las presuntas irregularidades en la tramitación de la modificación puntual del Plan General de Santoña para el área del Palacio de Chiloeches (antiguo hospital militar). La acción de la Fiscalía responde a la denuncia por «prevaricación y malversación de caudales públicos» interpuesta por Jesús Gullart, concejal de Santoñeses.

En la denuncia, Gullart explica que en el convenio firmado por el Ayuntamiento y los propietarios del palacio en 2014 para derribar una parte del mismo y recalificar su entorno para la construcción de viviendas, el Ayuntamiento reconoce, sin contraprestación alguna, que los propietarios tendrán derecho de responsabilidad patrimonial si no se modifica el PGOU en los términos establecidos en el convenio. Este acuerdo, explica Gullart, «carece de los motivos, causas y fines de interés público a que obliga la Ley del Suelo de Cantabria». «Y no sólo eso, sino que además, resulta notoriamente lesivo y oneroso para los intereses del Ayuntamiento; todo son obligaciones para el Consistorio, todo es reconocimiento de derechos para los propietarios», avanza el concejal.

«La clamorosa inexistencia de contraprestación al Ayuntamiento a cambio del reconocimiento a los propietarios de semejante cartera de derechos, edificatorios e indemnizatorios, atenta contra la más elemental regla de contratación y constituye no sólo un claro indicio de prevaricación sino también de malversación de caudales públicos ya que el Ayuntamiento no necesita suscribir convenios con ningún particular para tramitar una modificación del PGOU, pues el pleno municipal tiene competencias exclusivas en esta materia. Sobre todo cuando el Ayuntamiento no gana nada con dicho convenio».

Por otro lado, el mencionado convenio urbanístico a través del cual el Ayuntamiento «regala» indemnizaciones y derechos edificatorios, afirma Gullart, «está plagado de ilegalidades», ya denunciadas por Santoñeses. Así, contraviene varios artículos de la ley del Suelo de Cantabria, al suprimirse equipamientos y espacios libres que no se compensan en el entorno «razonablemente próximo», aseguran.

Por otra parte, el convenio suscrito propone derribar parte de un Bien de Interés Cultural y construir en su entorno de protección. Según Santoñeses, la propia definición de BIC, así como la definición de entorno de protección «hubieran devenido imposible informar favorablemente la modificación del PGOU de Santoña, a la vista de las consecuencias derribar el ala oeste del hospital napoleónico para edificar un aparcamiento subterráneoe impacto que causaría el bloque de pisos». Santoñeses también ha puesto en conocimiento de la Fiscalía su solicitud formal a la Consejería de Cultura de la actualización de la declaración de monumento del antiguo hospital militar, que data de 1972, a los preceptos de ley actual, ya que fue realizada bajo legislación preconstitucional.

Por otra parte, la Fiscalía también ha abierto diligencias por una segunda denuncia ante la inacción de las autoridades competentes (Ayuntamiento y Consejería de Cultura) tras el derrumbe del tejado del edificio, ocurrido el pasado 9 de mayo.

 

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