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No hay nada perfecto

ignacio marco-gardoqui

Jueves, 19 de enero 2017, 14:02

Tras la sentencia europea que consideró abusiva, y por tanto nulas, las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, el gobierno pretende ahora evitar el colapso de los juzgados a causa de los innumerables pleitos que se plantearán por los afectados en contra de los bancos prestamistas. La pretensión es razonable, pues bastante agobiada está ya la justicia como para inundarla de demandas, máxime cuando el resultado de las mismas es conocido de antemano.

A partir de ahí, la solución planteada pueda ser lógica, tras la decisión judicial, aunque pueda sonar un tanto asimétrica. Los bancos se enfrentan a muchas obligaciones. Quedan obligados a comunicar la posibilidad de una acuerdo extrajudicial. Quedan obligados a pagar en tres meses si hay acuerdo y a ir a los tribunales si el cliente no acepta la oferta. Si las entidades financieras ofrecen una alternativa a la devolución - como la amortización parcial del préstamo -, deberán hacerla por escrito y avalarla en un documento expreso.

En ese documento debe constar «de forma clara» los intereses de demora incurridos. Y se creará una comisión de coordinación y de evaluación y seguimiento en la que estarán representados los consumidores y que velará por el cumplimiento de las obligaciones de los bancos, en especial frente a los consumidores «particularmente vulnerables». Los afectados reciben mucha protección. La opción de acudir a los tribunales se mantiene abierta y si en ellos obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida, el juez podrá imponer a los bancos la condena en costas. Por el contrario correrían con ellas si obtienen una sentencia peor.

El PSOE ha mostrado su acuerdo con el contenido del Real Decreto - aunque se abstendrá en la votación y no sé porqué razón -, lo que asegura su aprobación y su puesta en marcha inmediata. Dadas las incertidumbres judiciales y los plazos habituales es de suponer que esta vía se utilice en la mayoría de los casos.

Si nos abstraemos de todo lo sucedido antes de la sentencia, parece claro que éste es el camino lógico a seguir. Pero hay algo que me impide participar del alborozo general con que la ciudadanía observa este espectáculo de lapidación pública de los bancos. Y no es porque sienta una especial simpatía por ellos, sino por las consecuencias que todo esto va a traer para el futuro. Hace tiempo advertí que la derivada inevitable sería un encarecimiento del crédito futuro a los particulares. Permítame que lo recuerde, para una vez que acierto... Bueno pues el último informe del Banco de España asegura que mientras se mantiene el coste de los créditos a empresas, efectivamente se encarece el de los particulares.

Es decir, hay buenas noticias para los actualmente hipotecados, que se convierten en malas para quienes vayan a hipotecarse en el próximo futuro. Como ve, en esto de la economía, nunca hay nada perfecto.

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