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UGT y CC OO advierten a la patronal de dependencia que se ha llegado a «un punto de inflexión» en el nuevo convenio colectivo
Trabajadores del sector se concentraron hoy ante la sede de CEOE-Cepyme en Santander ante el bloqueo que sufre la negociación colectiva
UGT y CC OO advirtieron hoy a la patronal del sector de dependencia que «se ha llegado a un punto de inflexión« en la negociación del nuevo convenio colectivo estatal, que afecta en Cantabria a 6.000 trabajadores, unos 200.000 en toda la geografía española.
En una concentración de protesta convocada por ambos sindicatos ante la sede de la patronal CEOE-Cepyme en Santander y que se ha desarrollado al mismo tiempo en otras autonomías españolas, portavoces de CC OO y UGT en el sector de la dependencia reiteraron su exigencia de un nuevo convenio colectivo que recupere el poder adquisitivo y los derechos perdidos en los últimos años.
CEOE-Cepyme responde: No se pueden aceptar las demandas sindicales sin que se incremente el precio por usuario
Los empresarios del sector de la dependencia en Cantabria han manifestado su «total acuerdo con la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores». Sin embargo, de aplicarse la subida salarial que los sindicatos proponen sin que se revisen al alza los precios públicos fijados por el Gobierno regional para las plazas concertadas, «hasta un centenar de empresas del sector que soportan más de 3.000 empleos podrían llegar a cerrar sus puertas en Cantabria», según un comunicado enviado por CEOE-Cepyme.
Los sindicatos reclaman una subida salarial del 10% en los años 2019 y 2020, «lo que supone un impacto que no pueden soportar las empresas de un sector en el que los precios, que están fijados por las Administraciones Públicas, han experimentado un único incremento en 2019 después de 7 años congelados. Incremento que ha sido absorbido por el aumento de ratio exigido en la nueva normativa».
En este escenario en el que no resulta posible aplicar a los precios ni tan siquiera la subida del IPC, aunque esta sí se aplica a las nóminas de los trabajadores, «las empresas están sometidas a gastos adicionales como la adaptación a nuevas normativas, y los impactos derivados de la mayor necesidad de atención sanitaria hacia el colectivo de mayores a los que se prestan los servicios. Esto ha conducido a una situación en la que de atenderse las reivindicaciones sindicales sin que a su vez se incremente el precio por usuario que perciben las empresas, éstas se verán abocadas al cierre», dice CEOE-Cepyme. Como ya está pasando con las empresas del sector de que atienden a la Discapacidad, concluye el comunicado, si el gobierno no termina asumiendo el aumento del convenio que en algunos casos llega a más del 30%, «los cierres podrán comenzar a verse en los próximos meses».
Según precisó Margarita Pelayo, responsable regional de Dependencia de UGT, «se ha llegado a un punto de inflexión en el que los trabajadores están hartos, aburridos y se sienten engañados», tras recordar que se lleva un año de negociaciones del nuevo convenio colectivo del sector, que reemplazaría al suscrito en 2018 con sólo un año de vigencia «que se pactó para darlo continuidad con uno de más larga duración».
Pelayo criticó que «la patronal lleva un año de negociaciones del nuevo convenio colectivo en el que no quiere hablar en ningún momento de incrementos salariales ni de mejoras de condiciones laborales».
En el mismo sentido se expresó Carlos Ateca, responsable regional de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CC OO, que reiteró que «lo único que queremos es que nuestro convenio colectivo respete el acuerdo nacional de negociación colectiva firmado en su momento».
Ateca agregó que en el Acuerdo de Negociación Colectiva suscrito por la propia CEOE-Cepyme y los dos sindicatos mayoritarios «se decidió que en 2020 no hubiera un salario de convenio inferior a los 1.000 euros mensuales, con lo que habría que incrementarlos en el sector de la dependencia un 10% en dos años».
