Competencia afea a Cantabria sus ayudas al despliegue de banda ancha industrial

Según concluye el organismo, «la medida, tal cual está diseñada, podría reforzar la posición de un único operador -el contratado por las empresas beneficiarias- en detrimento de otros operadores presentes en el mercado, los cuales pueden ver reducida su capacidad competitiva para ofrecer sus propios servicios minoristas en las zonas de actuación, pudiéndose llegar a crear servicios regionales monopolísticos, lo cual falsearía la competencia», colige.

En un informe de la Sala de Supervisión Regulatoria, al que ha tenido acceso este periódico, Competencia va más allá y agrega que «tal circunstancia se agudizaría más si el operador cuya posición se refuerza posee poder significativo de mercado. Además, las obligaciones de comprobación y control son difíciles de cumplir por las empresas beneficiarias, puesto que los datos están en posesión de los operadores de acceso y no de las empresas beneficiarias».

Lo que la Comisión hizo en su dictamen fue principalmente desaconsejar los incentivos a la banda ancha de más de 100 MB directamente a las empresas industriales y subvencionar en su lugar a los operadores. De hecho, la resolución, de hace unas semanas, recomienda que «el Gobierno de Cantabria debería valorar la necesidad de modificar el diseño de la medida y dirigirla a los operadores de redes de comunicaciones electrónicas, los cuales deberían, a su vez, ofrecer servicios de acceso mayorista a terceros operadores en condiciones para favorecer el desarrollo de la competencia en el mercado minorista en beneficio de todas las empresas ubicadas en las zonas de actuación. En tal caso, existiría la posibilidad de exigir al operador beneficiario de la ayuda la suscripción de contratos de servicios minoristas con las empresas o mayoristas con un operador tercero que, a su vez, preste el servicio minorista a través de una nueva red para favorecer la competencia».

Según el análisis de la CNMC, la medida tal y como está diseñada podría facilitar la concesión de ayudas al despliegue de redes de banda ancha a un único operador, «que no será seleccionado con arreglo a las normas de publicidad y concurrencia aplicables en materia de ayudas de Estado». A este respecto, completa que el planteamiento «puede dificultar el acceso de determinados operadores potenciales presentes en el mercado a las ayudas públicas y a los recursos financiados con estas ayudas -redes e infraestructuras desplegadas- y pueden ver reducida su capacidad competitiva para ofrecer sus propios servicios minoristas en las zonas de actuación, pudiéndose llegar a crear servicios regionales monopolísiticos, lo cual falsearía la competencia. Ello puede provocar un riesgo de apropiación de las rentas que deberían corresponder al consumidor por parte de los operadores de telecomunicaciones, a través de una tendencia alcista de precios o de empeoramiento de la calidad».

En concreto, la orden recogía que todas las empresas ubicadas en la misma área de actividad industrial podrían agruparse para acceder a la condición de beneficiario, de modo que se podría contratar la banda ancha con el mismo operador de comunicaciones electrónicas. La contratación, además, es libre, salvo que el importe facturado superara los 15.000 euros, que entonces el beneficiario debería acreditar que la elección de operador se basa en criterios de eficiencia y presentando un mínimo de tres ofertas. Igualmente, el plan autonómico de subvenciones no garantizaba la prestación de servicios mayoristas, en la medida en que el proyecto no establecía obligaciones directas para los operadores contratatados.

El despliegue de internet de alta velocidad en la Comunidad se ha topado con más reveses que el varapalo de Competencia. Como informó recientemente El Faradio, el Ejecutivo autonómico ha sido condenado por la Justicia por dejar desierta la cobertura de internet en Campoo. En concreto, la Administración regional tendrá que indemnizar con «lo que proceda» a la firma Aora Conecta, que recurrió una adjudicación irregular de una subvención a ITM (Grupo PITMA) por importe de 1,2 millones de euros en el año 2015 para el despliegue en las zonas blancas de la comarca de Campoo-Los Valles.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) da la razón a la compañía reclamante, ordena que la convocatoria «revive» después de que el Gobierno la dejara desierta y sin efecto, e insta a la recurrente a continuar solicitándola o a actuar para que se le pague «lo que corresponda», reza la sentencia.

Frente a esta veredicto, los Servicios Jurídicos del Gobierno presentaron un escrito para preparar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), pero el TSJC también lo reechazó en un auto del 6 de marzo. De este modo, el Ejecutivo deberá acudir al Alto Tribunal si quiere que le den la razón. Aora Cantabria tiene un año de plazo para reclamar responsabilidades.