Los constructores cántabros reclaman más obra pública para evitar que el sector «colapse»

Los constructores y promotores de la región han lanzado una alerta sobre la «drástica» caída de la licitación oficial en construcción el año pasado, que fue casi un 40 por ciento respecto al año precedente (2018) según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Fomento. La asociación avisa de que con la licitación «cae el empleo» en el sector, por lo que han llamado a las administraciones «a volver a ponerse en marcha» para evitar que se produzca el «colapso» en esta actividad económica.

La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, que preside Gervasio Pinta y que engloba a un centenar de empresas, ha recordado que el sector se ha ido «desacelerando» en los últimos ejercicios, debido en parte al descenso continuo de la licitación de la promoción y edificación. A sus ojos, el futuro de la comunidad «se quiera o no, pasa en buena medida por la reactivación de la construcción», motivo por el que reclaman que se empuje la obra pública, responsabilidad de las administraciones.

No es la primera vez en los últimos tiempos que los profesionales exigen un aumento de la obra pública licitada, pero ahora lo hacen con los datos de 2019 en la mano y recomendando que se «incurra, si fuera necesario, en un endeudamiento controlado o facilitando la incorporación del capital privado para su financiación» porque es «incuestionable que resulta más conveniente financiar la actividad que subsidiar el desempleo».

También piden la «máxima celeridad» en la licitación de los trabajos proyectados para «contener el imparable aumento del paro» ya que las obras generan puestos de trabajo «inmediatos», al tiempo que suponen un «estímulo vital» para el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes.

En la asociación consideran de máxima urgencia en las adjudicaciones la rápida devolución de los avales presentados por las empresas ya que esta medida no supone un incremento del gasto y, sin embargo, permite a los licitadores «subsistir financieramente» y, por tanto, mantener sus plantillas.

Más aún, la ACP demanda un apoyo «decidido» a las empresas cántabras y a aquellas que tienen domicilio «estable y arraigo» en la región. Los representantes del sector creen que esto supondría un valor añadido al primar el empleo estable y las infraestructuras de maquinaria, así como responsabilidad en el futuro de las obras realizadas y que el IRPF que generan estas empresas «se quede en Cantabria», revirtiendo en la autofinanciación de la propia región.

Por otro lado, los promotores y constructores han hecho pública su inquietud por criterios de licitación que pueden condenar a un buen número de empresas de primera línea a ser, en el mejor de los casos, meros subcontratistas, y por la morosidad, que se está convirtiendo en un problema endémico del sector. Para combatirlo, exigen a las administraciones públicas que garanticen el pago a sus proveedores en un máximo de 30 días siguientes a la fecha de certificación y, en caso contrario, que se devenguen desde entonces los intereses de demora.

Finalmente, en el ámbito de la promoción, la ACP requiere que «de una vez por todas» se aborde la modificación de la actual normativa urbanística, para poner en valor los suelos destinados a vivienda, «comprados a altos precios en su día y que hoy el mercado no admite».