La economía sumergida se mantiene por encima del 20% del PIB y sobrepasa los 2.600 millones

Estas son las principales conclusiones del trabajo efectuado por el Grupo de Economía Pública de la Universidad de Cantabria, que viene a actualizar la evolución de un fenómeno que mantiene su fuerza pese a los esfuerzos de la Administración por aflorar los fraudes tributarios. Según el análisis, titulado '¿Cómo han variado las estimaciones regionales de economía sumergida tras la crisis? El caso de Cantabria', el peso de la riqueza irregular cayó en el mencionado periodo casi cuatro puntos del PIB, al pasar del 24,38% de 2012, con un montante calculado de 3.269,02 millones, al 20,86% que suponen los mencionados 2.616,46 millones del último ejercicio incluido en el estudio. Como ejemplo de la magnitud del problema, la suma de 2016 fue superior al Presupuesto del Gobierno de Cantabria, cifrado en 2.464 millones.

Sentadas estas premisas, los investigadores entran en materia. Por ejemplo, abundan en que una hipotética reducción de unos 2,86 puntos del PIB en economía sumergida (es decir, del actual 20,86% del PIB regional al 18%, que es la media habitual de los países europeos) supondría obtener una recaudación tributaria adicional de unos 258,73 millones, lo que coadyuvaría a una notable reducción en la presión impositiva.

Más allá de eso, el trabajo igualmente expone, tras precisar las limitaciones a la hora de medir el impacto de estas prácticas ilegales, el descenso de su importancia durante el periodo escrutado, especialmente entre 2012 y 2015, cuando se pasó de una economía irregular de origen fiscal de 3.269,02 millones a 2.574,15, un desplome que desde la Universidad de Cantabria relacionan con el cambio de ciclo económico tras tocar fondo con la crisis y el proceso de recuperación progresiva en la región.

En todo caso, el último tramo del periodo evaluado arrojó un repunte de 42,3 millones en 2016, lo que a juicio del Grupo de Economía Pública representa unos ingresos adicionales que en caso de ser objeto de mayor atención podrían hacer bajar la presión fiscal media en Cantabria o dedicarse mediante su gravamen a mejorar los servicios públicos vía subida del gasto social. En consecuencia, se insiste en la importancia de mejorar los mecanismos de regulación y control de las actividades económicas, estableciendo planes y medidas concretas, siendo necesarios de cara al futuro más estudios y análisis.

Las conclusiones obtenidas por la UC vienen a complementar el monográfico recientemente difundido por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) 'Economía sumergida y fraude fiscal en España. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos hacer?', dirigido por el catedrático Santiago Lago. En el mismo vuelve a incidirse en la complejidad para evaluar un problema que no se aprecia a simple vista y cuya dificultad aumenta cuando se escarba en cada realidad autonómica. De hecho, los expertos llaman siempre a interpretar los datos con cautela «porque pueden estar reflejando diferencias en las estructuras productivas, desajustes entre los criterios para regionalizar impuestos o problemas de medición de algunas variantes a nivel regional», recoge el documento de Funcas.

El monográfico estima que la economía sumergida supone en el país alrededor del 21,1% del PIB, con Asturias, Canarias y Galicia en cabeza nacional respecto al impacto de esta riqueza generada al margen del radar de Hacienda. En la otra cara de la moneda, regiones como la propia Cantabria o Cataluña. Los análisis coinciden en que Madrid se consolida como la autonomía con menos economía soterrada.

Además de Madrid, las dos comunidades forales destacan entre las menos afectadas. En País Vasco el promedio de los cálculos alcanza el 16,5% de su PIB y el 18,8% en Navarra. «Este resultado es consecuencia de su estructura productiva y, quizá, una administración tributaria mejor o, al menos, que por ser más próxima al contribuyente tiene un conocimiento más profundo del mismo», argumentan David Cantarero, profesor de Economía Aplicada de la UC, e Ignacio Zubiri, catedrático de Ciencias Económicas, en una comparativa regional incluida en el informe de Funcas. Por ello, los expertos abogan por medidas específicas en cada territorio.