La lucha contra el fraude fiscal aflora 111,5 millones en 2016, una cifra récord

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en una de sus últimas visitas a Santander./
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en una de sus últimas visitas a Santander.

La Agencia Tributaria recibió 300 chivatazos de contribuyentes el pasado ejercicio e incrementó un 26% las inspecciones a grandes empresas

CONSUELO DE LA PEÑAsantander

La intensificación de las medidas antifraude ha incrementado de manera significativa la recaudación de Hacienda en Cantabria. La Delegación Especial de la Agencia Tributaria en la región ingresó 111,1 millones de euros en 2016, lo que supone un aumento del 26% respecto al año anterior, y constituye el mejor dato de la serie histórica de la Agencia Tributaria. Además, casi 300 ciudadanos delataron a otros contribuyentes por fraude fiscal.

Este fuerte incremento está vinculado, básicamente, al aumento de las actuaciones inspectoras, al refuerzo de los controles a las grandes empresas y a un mayor control y reducción de la economía sumergida, según fuentes de la Agencia Tributaria, que informó de los ingresos en su lucha contra el fraude en la comunidad autónoma, pero no de lo que está pendiente de cobro.

De los 111,5 millones recaudados, la mayor parte (104,9 millones) procede de la suma de los dos conceptos que tradicionalmente concentran el grueso de los resultados: actuaciones de control y recorte de devoluciones solicitadas por los contribuyentes después de su comprobación. Estos resultados se complementan con los 6,6 millones de euros procedentes de declaraciones extemporáneas (fuera del plazo voluntario) de los contribuyentes sin un requerimiento previo por parte de la Agencia Tributaria.

Durante el pasado ejercicio, creció la recaudación pero también también las inspecciones, que se consolidaron en el entorno de las 3.300, algo más que la media de 3.000 registrada en el bienio 2013-2014. Especial relevancia tuvieron las actuaciones de entrada y registro realizadas por el Área de Inspección con el apoyo de personal de las Unidades de Auditoría Informática. Las UAI intervinieron en Cantabria en 14 inspecciones de estas características, el doble que en 2015. Según la Agencia Tributaria, se trata de actuaciones "de gran eficacia para la detección del software de ocultación, la obtención de pruebas en general y la reducción del tiempo de duración de las comprobaciones inspectoras". Estas inspecciones, algunas de ámbito nacional con la participación de la AEAT de Cantabria, y otras estrictamente regional, se han desarrollado en distintos sectores, aunque destacan las entradas y registros en empresas del sector primario.

Economía sumergida

Además, se intensificaron las actuaciones presenciales (lo que la Agencia Tributaria denomina peinados) destinadas al control in situ de obligaciones formales y registrales en sectores de riesgo fiscal. Este control de la economía sumergida supuso la realización de 409 inspecciones, un incremento del 24% respecto al ejercicio anterior, y de más del 83% en relación con las realizadas hace dos años.

Junto a ello, la Agencia Tributaria ha reforzado la investigación del fraude sofisticado que cometen grandes empresas. Así, el pasado ejercicio realizó 270 inspecciones a grandes empresas, lo que supone un incremento superior al 26% respecto a 2015 y de más del 76% sobre la cifra de hace dos años.

Fuentes de la Administración Tributaria señalaron a este periódico que casi 300 ciudadanos actuaron como delatores de otros contribuyentes conocidos, amigos, vecinos y hasta familiares que intentan defraudar a la Agencia Tributaria, si bien no ha sido posible conocer cuántas actas de inspección provocaron y por cuánto dinero. El soplo a Hacienda es una herramienta completamente legal, que permite al fisco iniciar una actuación de investigación formal al conocer actuaciones sospechosas. El Estado ingresó por esta vía 116 millones en 2016.

La Agencia Tributaria subraya también que el pasado ejercicio se redujo un 10,2% la deuda pendiente de cobro, tanto voluntaria como en ejecutiva, pero no concreta la cantidad.

Dentro de esta minoración de la deuda, destaca el incremento registrado en los ingresos procedentes de aplazamientos, que aumentaron un 85% respecto de los del año anterior, lo que "implica una más rápida recuperación de los importes pendientes de pago por aplazamientos concedidos". Además influyó el aumento de los ingresos de deudas en fase de embargo, que fue del 8,79%.

Por otro lado, con el fin de evitar vaciamientos patrimoniales, se realizaron más de un centenar de medidas cautelares, que supusieron un aumento del 30% de los ingresos por este motivo. A su vez, se incrementó la investigación de movimientos financieros para el cobro de deudas en un 69%, lo que supuso el análisis de 365 cuentas bancarias.

Las actuaciones recaudatorias se vieron reforzadas con la colaboración del área de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que realizó 16 actuaciones de colaboración para recaudación, de las que ocho se concretaron en seguimientos de deudores.

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