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Vista de la empresa Solvay. Andrés Fernández
El Gobierno deniega la prórroga a Solvay para adaptar la planta de cloro

El Gobierno deniega la prórroga a Solvay para adaptar la planta de cloro

Medio Ambiente se atiene a los informes legales que rechazaban la medida por estar en contra de la normativa de la UE

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Martes, 26 de septiembre 2017, 10:23

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«Claramente en contra de nuestra voluntad», «estamos obligados a proceder de acuerdo a derecho», «es un momento difícil para esta consejería». Miguel Ángel Palacio, director general de Medio Ambiente, no ahorró lamentaciones a la hora de anunciar que el Gobierno de Cantabria no accederá a la prórroga solicitada por Solvay para adaptar la planta de cloro a las exigencias medioambientales de la Unión Europea. Los servicios jurídicos del Gobierno han considerado que la prórroga hubiera vulnerado la normativa de la Unión Europea.

La decisión anunciada este martes, tras una larga y a veces tortuosa tramitación que ha durado 14 meses, supone que Solvay deberá cesar la producción de cloro con la actual tecnología de celdas de mercurio (considerada altamente contaminante por la UE) el próximo 11 de diciembre. Cuarenta puestos de trabajo directos y otros 60 indirectos están en el aire, a la espera de que la multinacional belga tome una decisión. Y también está afectado el propio proceso de venta de la planta de cloro a la multinacional portuguesa CUF, que es la que iba a abordar la inversión de 50 millones de euros necesaria para transformar la tecnología de mercurio a la de membranas, menos contaminante. El compromiso de compra de la planta de Barreda, aún no cerrado, incluía la prórroga para que la producción de cloro no se suspendiera durante el proceso de transformación, de una duración estimada de 18 meses.

La dirección de Solvay ha comunicado al comité de empresa que antes del 4 de octubre mantendrá una reunión con la empresa portuguesa para decidir el paso a seguir con dos escenarios básicos: mantener el proyecto y la inversión para cambiar la tecnología o desistir de ello y cerrar definitivamente la planta de cloro.

La decisión también afecta al proceso de venta de la planta a la multinacional portuguesa que iba a invertir 50 millones en la transformación tecnológica

Durante su comparecencia, Palacio trazó el agitado trámite de la solicitud de Solvay, presentada el 29 de julio de 2016 y que ha acumulado informes contradictorios, y no ocultó que la intención del Gobierno desde el primer momento había sido acceder a la petición de Solvay «para mantener 100 puestos de trabajo en una comarca, la del Besaya, que no está sobrada de ellos; para facilitar una inversión de 50 millones y cambiar a una tecnología más limpia».

La asesoría jurídica de la consejería de Medio Ambiente emitió en un primer momento dos informes jurídicos favorables a la prórroga «basándose en el 'considerando 22' de la Directiva Europea de Emisiones Industriales, que establecía que en casos específicos en que la revisión y actualización del permiso ponga en evidencia que para introducir nuevas mejoras técnicas hace falta un periodo más prolongado de tiempo, las autoridades competentes podrán fijar un plazo más amplio».

Esta decisión inicial, muy controvertida y contestada por numerosas alegaciones, desde grupos ecologistas hasta la compañía Ercros que había abordado el cambio de tecnología, aconsejó, según Palacio, «solicitar un informe a la dirección general del servicio jurídico del Gobierno». Y es cuando los informes positivos tornaron en negativos. Los servicios jurídicos del Gobierno rechazaron los argumentos de Medio Ambiente y establecieron que no cabe la ampliación del plazo solicitado.

Los matices jurídicos

«Estiman que el 'considerando 22' está en la parte expositiva de la directiva europea, pero no en el articulado de la directiva por lo que no da lugar tenerlo en cuenta», indica Palacio. Y este argumento se repitió en un segundo informe del 11 de agosto, en el que también se rechazaron los precedentes de otras ampliaciones emitidas por Gobiernos europeos para empresas similares. El argumento para ello es que esas autorizaciones fueron concedidas antes de la entrada en vigor del reglamento, publicado el 17 de mayo de 2018 y efectivo 20 días después.

Solvay debería cesar la producción el 11 de diciembre

Palacio aludió también a esos precedentes y en especial a uno, desvelado por El Diario, de una planta sueca. «Lo vimos en el periódico, indicó Palacio, pero Solvay no ha podido entregar la documentación completa de ese asunto. Al parecer, hay administraciones que no son tan transparentes como la cántabra y no facilitan documentación», sostuvo el director general de Medio Ambiente.

Palacio lamentó que la decisión adoptada, «claramente en contra de nuestra voluntad, pero obligada por el respeto a la ley que debe tener una Administración» pueda tener efectos sobre el empleo y la industria de Torrelavega: «Ojalá Solvay y la empresa portuguesa CUF tiren para adelante y sea una parada temporal».

«Mala noticia» para Cantabria

El Gobierno considera una «mala noticia» la resolución sobre Solvay. «Quiero apelar a la generosidad de la empresa CUF que venía a hacerse con esa planta para revitalizar la primera tecnología de membranas, a generar puestos de trabajo», ha dicho el consejero de Industria, Francisco Martín.

«Entiendo que para los cántabros es una noticia que pone en riesgo más de 50 puestos de trabajo pero también es una mala noticia en el sentido de que los consumidores de cloro de Cantabria tendrán que buscarse otro proveedor que probablemente no sea tan próximo ni tan ágil ni tenga esos precios», ha puntualizado.

A Martín le consta que Medio Ambiente ha hecho todo lo que estaba en su mano, y también que si los informes jurídicos no avalan esa prórroga, «pues no se puede suscribir. Si hay que valorarlo desde el punto de vista de la industria de Cantabria no es una buena noticia, en absoluto, y repito, apelo a la generosidad, a que la empresa portuguesa se lo repiense, y de ahí quizás, de 18 a 20 meses, es un plazo asumible».

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