El juzgado acepta el concurso de acreedores de Phone & Fun

La representación legal de la compañía informó ayer martes al comité de empresa de la novedad en sede judicial. A partir de ahora será el administrador concursal, un despacho de Madrid, el que tome las riendas de la organización y decida qué pasos adoptar.

Sobre la mesa, evidentemente, la mayor amenaza que ya intuían los afectados: que la compañía, a través de los concursales, empiece a tramitar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para proceder al despido de todo el personal y el consiguiente cierre del centro santanderino.

Desde el comité han trasladado que la decisión judicial «deja indefensos a los trabajadores, a los que solo les queda recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar sus indemnizaciones y deudas pendientes en caso de que las haya, mientras el grupo de empresas al que Phone and Fun pertenece continúa con sus arcas llenas».

Según explicó este periódico hace un mes, cuando la situación de la empresa de atención telefónica desembocó en el anuncio de insolvencia, la clave de la deriva había que buscarla en sede judicial. La compañía se enfrentaba a más de 300 demandas de su plantilla por atrasos previos, por un importe que supera los 1,5 millones de euros.

Así lo confirmó en su momento la secretaria general de la Federación de Servicios de CC OO, Marta Careaga, al ser consultada respecto a la situación de la compañía. De hecho, el sindicato registró en bloques de cinco las diferentes demandas, que estaban empezando ahora a arrojar sentencias favorables para los trabajadores. CC OO seguía con atención la evolución de la empresa, que cuenta con Orange como cliente principal.

Fuentes de UGT completan que hasta esta semana la organización ha seguido funcionando con normalidad y ha pagado las nóminas. Precisamente, Phone & Fun saltó a la actualidad tras comunicar a su plantilla que sólo podría abordar la mitad de la nómina de agosto. Unos días después anunció la presentación del concurso.

La empresa, cuando fue cuestionada por el Gobierno de Cantabria respecto a sus problemas, trasladó que el origen de sus tribulaciones había que buscarlo en la modificación del artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe las llamadas comerciales antes de las nueve de la mañana y después de las nueve de la noche. Estas llamadas suponen el 50% del negocio de la empresa, por lo que lo hace inviable la continuidad, adujo la compañía.

No obstante, la propia Careaga, en una entrevista en El Faradio, rechazó tal argumento al sostener que en esa franja horaria «la empresa está cerrada».