El paso de la pandemia dispara las jornadas perdidas por conflictividad laboral en Cantabria

Según las cifras, recogidas por el sindicato USO, las jornadas perdidas en el primer semestre de 2021 crecieron un 145% en comparación con el mismo periodo previo a la pandemia. En la primera mitad de 2019 se dejaron de trabajar 1.608 jornadas, mientras que de enero a junio del actual ejercicio el volumen creció hasta las 3.954, según la información del Icane.

1.608jornadas se perdieron en el primer semestre de 2019 por la conflictividad laboral

3.954fueron las jornadas perdidas este año por tensiones en las relaciones laborales

Más allá de esta primera conclusión global hay otros aspectos reseñables y que diferencian de forma evidente ambas etapas. Antes de la llegada del covid los conflictos laborales en Cantabria eran más numerosos pero las jornadas de huelga poseían menor entidad. Hasta junio de 2019 los trabajadores que participaron en un conflicto con pérdida de jornada fueron de 1.174, por 773 en ese periodo del año 2021. Durante 2020, en el que la pandemia tuvo mayor incidencia, la conflictividad laboral se redujo a cifras menos significativas: sólo se perdieron 559 jornadas en el primer semestre, siete veces menos que en 2021. El recorte igualmente entronca con la menor actividad económica y productiva, así como con los ERTE forzosos y masivos que se registraron durante el confinamiento general sufrido en primavera.

Otro asunto no menor es la evolución del coste de vida. El aumento de la conflictividad que reproduce el Icane ha tenido lugar con una inflación mínima. El cierre de 2019 dejó un incremento del IPC del 0,9%, por el 0,5% del pasado año. En paralelo, la subida salarial media pactada fue del 1,71% el primer año y un 1,75% el segundo.

Este escenario cambia drásticamente en el presente ejercicio, cuando el incremento en el poder adquisitivo por convenio firmado en estos meses llega al 1,4%. En otras palabras, esa subida en la tensión negociadora viene acompañada de una leve recuperación de las condiciones laborales. De mantenerse un IPC disparado como en los dos últimos meses puede desbaratar la negociación de convenios en la Comunidad.

De hecho, la pandemia también ha golpeado la negociación colectiva. Durante 2019 el número total de convenios pactados se elevó a 140, de los cuales 109 fueron suscritos en el ámbito de empresa, la cifra más alta desde el inicio de la crisis global en 2008. El pasado año la cifra se redujo de manera notable al pasar a 107 los textos pactados, donde 30 fueron en empresa y el resto en sectores. Por contra, hasta octubre del presente año los convenios rubricados llegan a 75, siendo 62 de empresa.

El contexto no ayuda. «El actual escenario de fuerte incremento inflacionista, junto con las dificultades de las compañías por los incrementos del costo de materias primas estratégicas, el incontenible ascenso del precio de la energía y los cortes de producción en grandes empresas que arrastrarán a su vez a un número elevado de pymes generan una tormenta perfecta, con un escenario de fuerte deterioro en las relaciones laborales a corto plazo», señala USO.

Un ejemplo reciente de este incremento en la tensión de las relaciones laborales en Cantabria lo encarna el sector de limpieza, con 8.000 trabajadores en la Comunidad y que están llamados a movilizarse el próximo día 15. La concentración será a las puertas del Órgano de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla), en Santander, que es el lugar donde se están desarrollando las reuniones de la mesa de negociación del nuevo marco laboral.

El Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales y de Limpieza Industrial lleva 11 meses de negociación y la escalada de la inflación, sumada a las dificultades que arrastra el sector, ha bloqueado aún más un posible acuerdo. El colectivo, con un 90% de empleadas femeninas, opta por la movilización, según se acordó en la última asamblea celebrada ayer.

Las organizaciones empresariales del sector de limpieza han marcado como línea roja aplicar una congelación salarial para el año 2021 y subidas del 1,5; 1,75; y 2,5 por ciento para los años 22, 23 y 24, respectivamente. Esta última oferta ha soliviantado a los trabajadores, ya que supone una «merma importante» de poder adquisitivo si no se detiene el incremento del IPC situado actualmente en el 5,5%.

La mesa negociadora cuenta por la parte social con la presencia de los tres principales sindicatos de la región –UGT, CC OO y USO–, y ha estado llevando a cabo asambleas para trasladar la situación a los trabajadores.

UGT y CC OO opinaron que «ahora es el momento de reconocer la labor de las personas trabajadoras del sector a través de la mejor herramienta, que no es otra que un convenio colectivo digno y equitativo». Además, apuntaron que «la negociación está atascada y hay algunos escollos, sobre todo en el tema económico y social».

Por su lado, USO sostuvo que «el acuerdo debe poner coto a la proliferación de las jornadas parciales, ya que el 85% de las trabajadoras del sector, masivamente feminizado, tienen jornadas parciales y normalmente inferiores al 50% de la jornada», dijo.