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Los pensionistas escenifican en la calle su rechazo al elevado coste de la luz y el gas
«Esto es un atraco, las eléctricas nos roban con el 'tarifazo'» corearon en su marcha por Santander para pedir una empresa pública de energía
Los pensionistas escenificaron este sábado en las calles de Santander su rechazo a lo que denominan 'tarifazo' y que no es otra cosa que los ... elevados precios de luz y gas, entre otros. La Coordinadora de Cantabria por Pensiones Públicas de Pensiones Públicas y Dignas convocó una manifestación que partió del Parlamento regional cerca de las doce y media y que, aunque no contó con mucha participación, si estuvo animada por los diferentes eslogan y canciones en las que los asistentes recordaron algunas de las reivindicaciones que llevan más tres años planteando en Cantabria y en España.
«Gobierne quien gobierne las pensiones no se venden, se defienden,; «no sobran pensiones, sobran ladrones»; y en relación a las eléctricas: «son carteristas que roban las pensiones a los pensionistas» o, la más repetida: «esto es un atraco, las eléctricas nos roban con el 'tarifazo'». Estos son algunos de los eslogan coreados además de criticar tanto al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, como al nacional, Pedro Sánchez, o pedir la dimisión del ministro Escrivá. Tampoco se libraron los sindicatos mayoritarios UGT yCC OO a los que acusaron de no hacer nada por los pensionistas.
La marcha se detuvo junto a la Delegación del Gobierno para reclamar medidas que frenen la escalada de precios y finalizó junto a las oficinas de Viesgo para rematar la protesta.
La Coordinadora exige a los gobiernos de Cantabria y del Estado, el abono de 100 euros a todos los hogares con ingresos inferiores al SMI, que ayude a compensar, en parte, la subida de la energía. Dinero que ya se está pagando en Francia por ejemplo. Además, ante lo que considera un «el desmán que supone las actuales condiciones de producción y comercialización de la electricidad» piden al Gobierno, la creación de una empresa pública de la energía, capaz de ofrecer a los ciudadanos energía a un precio justo.
Los pensionistas dicen al Gobierno que tiene la obligación constitucional de garantizar una vida digna a las personas y, por tanto, defender a la ciudadanía para que «un servicio fundamental como es la energía no sea la fuente de extrema riqueza de las empresas eléctricas a costa de los hogares españoles».
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