La Seguridad Social anula la baja laboral a unos 200.000 trabajadores cada año

Cada año, la Seguridad Social anula la baja laboral y el cobro de la prestación por incapacidad temporal (IT) a unos 200.000 trabajadores por entender que están en condiciones de trabajar. En los primeros tres trimestres del año pasado, realizó 395.374 controles y en 160.702 casos consideró que era fraudulenta la incapacidad temporal. En 2014 retiró la prestación a 230.796 trabajadores tras efectuar 592.190 comprobaciones. La Seguridad Social tiene establecidos controles permanentes sobre las prestaciones de incapacidad temporal, que suponen un gasto anual de más de 5.000 millones de euros (para este ejercicio se han presupuestado 5.400 millones, un 9,2% más que en 2015).

El Gobierno aprobó un real decreto que modificó la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración, por el cual se reforzaba el papel de las mutuas en el seguimiento del trabajador en baja. Aunque la última palabra la sigue teniendo el medico de la Seguridad Social, las mutuas pueden solicitar al trabajador que pase para un reconocimiento y proponer el alta del trabajador, que en última instancia decidirá la inspección de la Seguridad Social. Además, ahora se aplica un nuevo sistema de partes de bajas donde se incluye la duración estimada de la baja en función de un baremo según la patología. Hay cuatro partes de baja: muy corta (menos de 5 días naturales en el que el alta se incluye en el mismo parte de baja); corta, de 5 a 30 días; media, de 31 a 61 días; y larga si el trabajador va a estar de baja más de 61 días.

Cada mes se inician alrededor de 330.000 procesos de baja por enfermedad común, es decir, sin incluir accidentes de trabajo o contingencias profesionales. Eso significa que la incidencia es de 22 por cada 1.000 trabajadores, según los últimos datos publicados de enero de 2016. La crisis -por el miedo a perder el empleo- ha reducido la incidencia de las bajas laborales, ya que en 2007 esta se situaba en 30 trabajadores por cada 1.000. No obstante, con la recuperación, ha repuntado ligeramente la incidencia ( en 2014 llegó a estar en 18,7 por cada mil empleados).

En todo caso, desde hace años, la Seguridad Social viene incrementando los controles sobre la incapacidad temporal, que en 2012 llegaron a superar las 736.500 comprobaciones. En aquel año se anuló el 44% de las bajas inspeccionadas, un porcentaje que en 2014 bajó al 38% y en 2015 se situó en el 40%, según el Informe sobre el Desarrollo del Pacto de Toledo remitido por el Ministerio de Empleo al Congreso de los Diputados. Los controles de IT han ido disminuyendo a medida que los inspectores médicos del Instituto Nacional de Seguridad Social tienen acceso completo a las historias clínicas. El Ministerio subraya que para realizar las comprobaciones se «utilizan diversas herramientas para intentar no molestar al trabajador que tiene verdaderamente justificada su situación», ya sea porque su baja corresponde a la duración estándar u óptima de la patología en cuestión o porque se resuelva simplemente a través de la consulta al historial médico. El control incide especialmente en los trabajadores «hiperconsumidores» de la prestación por incapacidad temporal y en los médicos «hiperprescriptores» de bajas médicas, según explica el Ministerio de Empleo.

Cantabria, nivel elevado

Uno de los fraudes que la inspección persigue con más empeño es el de las altas ficticias en la Seguridad Social con el objetivo de cobrar prestaciones de incapacidad laboral, maternidad o paternidad a las que no se tienen derecho. En este ámbito, los controles destaparon el año pasado fraudes por casi cuatro millones de euros (3,8 millones acumulados hasta octubre, últimos datos publicados), lo que supone un incremento del 46% respecto a lo descubierto en todo 2014.

En el 23% de las prestaciones inspeccionadas en 2015 se descubrió fraude, la mayoría relacionado con las ayudas por maternidad y, en segundo lugar, con la IT. Sin embargo, el nivel de fraude descubierto varía según la comunidad autónoma. El más elevado (100%) se registró en Ceuta, donde se comprobaron dos prestaciones y en ambas había fraude. Le siguen Galicia (52,7%), Cantabria (50%) y Andalucía (32,7%).