Los hongkoneses ignoran las elecciones «solo para patriotas»

Los comicios han arrojado una raquítica participación del 31,9%, la segunda más baja de la historia, con tan solo 1,3 de los 4,1 millones de votantes registrados depositando su papeleta. Una abrumadora indiferencia que ha echado por tierra los esfuerzos del Ejecutivo local por –en palabras del secretario jefe, Eric Chan– «crear una atmósfera feliz y festiva» para que «los residentes reconozcan la importancia de la cita». Aspiraban las autoridades a incrementar la involucración ciudadana a modo de legitimidad cosmética. Así, la parafernalia de carteles, desfiles, regalos y descuentos trató de ocultar la ausencia de lo más importante en unas elecciones: que, en efecto, haya elección.

Solo «verdaderos patriotas» podían optar a un escaño en este peculiar proceso electoral. Tampoco es que haya otros: el último partido opositor, la Liga de los Socialdemócratas, anunció el pasado mes de junio su disolución ante la «inmensa presión política» imperante en la otrora vibrante, abierta y libre ciudad.

El fin oficial del pluralismo político coincidió con el quinto aniversario de la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por China para acabar con los derechos y libertades del territorio en respuesta a las multitudinarias protestas prodemocracia del verano de 2019.

Dicho movimiento, iniciado por el rechazo popular a un proyecto de ley de extradición al continente, alcanzó magnitudes nunca vistas. Más de un millón de personas en un territorio de siete tomaron las calles hasta en tres ocasiones en el plazo de apenas dos meses. La incapacidad para reaccionar del Ejecutivo local, liderado entonces por Carrie Lam, elevó el desafío a cita semanal. Los manifestantes se convirtieron en una suerte de guerrilla urbana que campaba a sus anchas por el centro de la ciudad, a su vez un campo de batalla enturbiado por los gases lacrimógenos y la brutalidad policial.

En marzo de 2020 el régimen impuso desde Pekín su Ley de Seguridad Nacional, la cual castiga hasta con cadena perpetua todo acto considerado «separatismo, terrorismo, subversión de los poderes del Estado o confabulación con fuerzas extranjeras». Las autoridades de Hong Kong, por su parte, se sirvieron de este marco jurídico para erradicar a la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil.

La Ley de Seguridad Nacional conformó el pilar de la operación que paralizó la elevación de las protestas desde las calles a las instituciones. En julio de 2020 la oposición prodemocracia celebró unas primarias, con el propósito de presentar una lista unitaria a las elecciones legislativas programadas para diciembre de 2020, para así maximizar sus posibilidades de controlar el Consejo Legislativo.

Sin embargo, el Ejecutivo local intervino al amparo del nuevo marco legal. Primero, postergando las elecciones con la pandemia como excusa. Después aprobando una reforma electoral que redujo la cantidad de escaños elegidos por sufragio directo haciendo matemáticamente imposible que las fuerzas prodemocracia lograran una mayoría parlamentaria, y estableciendo el requisito de solo «verdaderos patriotas».

Cuando a finales de 2021 por fin se celebraron las elecciones aplazadas, la participación apenas alcanzó el 30%, en línea con la cita de este domingo. Una y otra evidencian cómo China ha vulnerado su acuerdo internacional más importante, fraguado en la Ley Básica de Hong Kong, que no solo se comprometía a respetar los derechos y libertades del territorio durante al menos cincuenta años –en su artículo 5–, sino que además adelantaba que el jefe del Ejecutivo local y el Consejo Legislativo –artículos 45 y 68– serían elegidos por sufragio universal.

Las elecciones se han celebrado pese a que Hong Kong todavía lamenta el reciente incendio en el complejo residencial de Wang Fuk Court, localizado en el distrito de Tai Po, que acabó con la vida de 159 personas. Se trata de la catástrofe más devastadora en siete décadas y podría seguir aumentando, dado que 31 individuos permanecen en paradero desconocido.

Las autoridades reaccionaron con rapidez para sofocar las llamas, investigar a la compañía responsable y atender a los desplazados con ayuda de una apabullante movilización social. También para silenciar la creciente indignación ante un desastre que se hubiera podido evitar, motivado por la corrupción empresarial y la negligencia gubernamental.

Las fuerzas de seguridad invocaron la Ley de Seguridad Nacional para arrestar a Miles Kwan, un estudiante que inició una petición digital para reclamar, entre otras medidas, una investigación independiente; también a otras dos personas por cargos similares.

Asimismo, también han empezado a desmantelar las flores y mensajes colocados en el parque Kwong Fuk, convertido en un lugar público de duelo. «La situación se está pareciendo cada vez más a la 'violencia de los vestidos de negro'», apuntó este sábado el superintendente jefe Steve Li, en referencia a las movilizaciones prodemocracia, señalando que muchas de las consignas «eran básicamente ajenas al desastre y solo pretendían incitar al odio».

La retirada de los tributos se produjo tres días después de que la Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional advirtiera de que se perseguirá a supuestas «fuerzas extranjeras» que habrían incitado al descontento social, empleando «el manual» de las protestas de 2019.