Basuras
Ascan ha ingresado alrededor de 16 millones de euros anuales de Santander por la recogida de basuras desde 2013. En un cálculo superficial, a cada vecino le ha costado 93 euros al año el contrato con la empresa de Santiago Díaz durante ese tiempo. Casi 100 euros por cada empadronado, sea un jubilado de 70 años, un empresario de 45 o un estudiante de 12. No existe una factura más grande para la ciudad. Pues bien, el propio Ayuntamiento reconoció hace dos años que esa empresa había incumplido prácticamente todas las obligaciones que tenía. Las deficiencias eran tan evidentes y continuadas que la alcaldesa optó por anular el contrato, pero lo que no sabemos, ni el equipo de gobierno parece querer que se sepa, es por qué se permitió esto durante años. Solo así se entiende el bloqueo a la comisión de investigación que otros partidos, incluido Ciudadanos, su socio de gobierno, reclaman sin suerte a Gema Igual.
Las cantidades de las que hablamos ya justifican por sí solas la necesidad de una auditoría interna, pero con tres ejemplos basta para hacernos una idea de lo que ha ocurrido a espaldas de los santanderinos con las basuras durante la última década. Ascán debía, en primer caso, invertir 18 millones de euros para integrar el servicio en SmartSantander, ya que el contrato conllevaba la incorporación de dispositivos en los contenedores y los vehículos, así como la inclusión de nuevo material y maquinaria. La compañía nunca hizo nada de esto, pero sí facturó 150.000 euros anuales al Ayuntamiento por ello. En segundo término, la concesionaria faltó al contrato al no subrogar el número de puestos de trabajo establecidos en los pliegos (327) porque hubo jubilaciones que no se repusieron (52). Y en tercer lugar, hubo fallos innegables del servicio durante los últimos años, como suciedad en contenedores, problemas de mantenimiento, recogida de basura sin atender, falta de inversión en equipos, papeleras, campañas de sensibilización, equipamiento en playas...
Desde el Ayuntamiento aseguran que existen 24 expedientes abiertos, y también que ya se penalizó a Ascan con casi un millón de euros en sanciones. Los propios técnicos municipales valoraron en siete millones de euros el montante de lo que supondrían los incumplimientos del contrato. Con estas cifras en la mano, solo se entiende que Gema Igual evite una comisión de investigación si le consta permisividad o indolencia en su equipo de gobierno. Si en un caso de estas dimensiones no hay responsabilidades políticas, ¿cuándo las habrá?
