La Constitución, en la UCI

Los discursos y pronunciamientos de estos días, en España y en Cantabria, sobre el hito constitucional y la vigencia del pacto cívico integrador que la hizo posible no ocultan la tozuda realidad. Si la crisis supone siempre una oportunidad, como reza el aforismo tan frecuentado, está claro que los enemigos de la ya zarandeada Constitución no han perdido el tiempo en el año de la pandemia, en estos once meses transcurridos desde la investidura de Pedro Sánchez, que ha preferido aliarse con ellos antes que con las fuerzas constitucionales. Con Unidas Podemos y los independentismos en punta de lanza y el presidente socialista como consentidor, progresa a velocidad de crucero la ofensiva contra los pilares constitucionales: la monarquía parlamentaria que representa Felipe VI, a cuyo deterioro contribuyen decisivamente los últimos capítulos poco edificantes de la biografía del Rey emérito, y la unidad territorial. En el horizonte de los asaltantes, el modelo plurinacional republicano. Y por el camino, la libertad para los dirigentes catalanes sediciosos fugados o en la cárcel y los beneficios penitenciarios para los presos etarras.

Es en este contexto político en el que se persigue, en Cataluña y en el País Vasco sobre todo, pero también en Baleares o en Navarra, el uso y la enseñanza del castellano, el principal patrimonio de este país. En fin, qué se puede esperar cuando el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, se muestra tan tibio con quienes quieren proscribir la lengua del Quijote y tan despectivo con los que intentan protegerla.

Frente a tantos elementos hostiles, la Constitución apenas tiene quien la defienda de una forma contundente y eficaz. Pedro Sánchez afirma estos días que mientras esté al timón garantizará su cumplimiento del primero al último de sus artículos, pero ya hemos visto cuánto puede cambiar su discurso y cuántas cesiones es capaz de hacer para mantenerse al mando, jaleado por su partido en cualquier circunstancia, así que es mejor no hacer mucho caso a las palabras y remitirse al Evangelio: 'Por sus hechos los conoceréis'.

Sin un compromiso pleno del PSOE, el primer partido de España, no puede haber un bloque constitucional. A PP y Ciudadanos apenas les alcanza para buscar trabajosamente su lugar en el espacio político. Vox pretende encontrarlo en la calle, distanciado de las instituciones en la conmemoración de la Carta Magna y peligrosamente comprensivo con los militares retirados que envían al Rey una carta de queja por la situación política, con siniestras referencias posteriores a golpes de estado y a fusilamientos masivos. Cuando la ministra de Defensa y su general jefe del Estado Mayor tienen que salir a la palestra para garantizar el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución, es que estamos regresando a los tiempos de zozobra de la Transición y el 23-F que habíamos dado por superados hace muchos años.

En esta indigencia política, el constitucionalismo ciudadano se agarra a un clavo ardiendo. Por ejemplo, a la Unión Europea y a su capacidad de presión para mantener a España en la ortodoxia económica e institucional de los países avanzados, para preservar la independencia de la justicia y la libertad de expresión, amenazadas por las maniobras del Gobierno. Los hay también que miran al viejo PSOE socialdemócrata de Felipe González Alfonso Guerra, Nicolás Redondo Terreros, por si fuera capaz de dar un golpe en la mesa y devolver al partido a la senda plenamente constitucional, liberado por fin del chantaje político de la izquierda radical y de los nacionalismos radicales. Pero eso no es muy probable. Adriana Lastra, con su habitual desparpajo, ya ha dejado claro a los ilustres veteranos del partido que ahora las decisiones las toman los socialistas más jóvenes.

Una tercera visión optimista es que Pedro Sánchez, ahora que ya tiene Presupuestos y el camino más despejado para llegar al final de la legislatura, está en mejores condiciones para pararle los pies al atrevido Pablo Iglesias y a los grupos independentistas, y dar un giro progresivo hacia el centro político y el orden constitucional.

De esta teoría parece participar, por ejemplo, Miguel Ángel Revilla. Desde el calculado funambulismo político que practica el regionalismo con el Gobierno Sánchez, por un lado el apoyo a los Presupuestos del Estado junto a los incómodos acompañantes ERC y Bildu y por otro el rechazo a la 'ley Celaá', el presidente cántabro ha sugerido en el Parlamento que Sánchez abandonará las malas compañías y transitará en adelante hacia la normalidad constitucional, aunque solo sea para consolidarse en el poder. Ojalá acierte Revilla, pero cualquiera se fía de Sánchez con sus antecedentes.