Las leyes inútiles

Uno de los casos más evidentes de esas leyes de escasa utilidad es la que afecta a las personas o entidades que ven como sus viviendas son asaltadas y ocupadas y se encuentran con dificultades para poder recuperar sus bienes. Este verano, hemos asistido en Cantabria a casos en los que un grupo de personas ha entrado en una vivienda y se ha instalado a vivir, sin que los dueños puedan recuperar de inmediato su propiedad y asistan, impotentes, a como pasa el tiempo sin que la Justicia logre el desalojo.

En determinados municipios de Cantabria este fenómeno ha producido una reacción ciudadana, con formación de patrullas vecinales que se han concentrado para poner en evidencia situaciones incomprensibles. En todos los casos la petición ha sido directa y sencilla: una modificación de las leyes para que se respete la propiedad, de manera que los dueños de una casa expulsen a los ocupantes ilegales de inmediato. En la actualidad ese proceso se puede demorar meses y en algunos casos años. La legislación es profusa y distingue entre diferentes formas de ocupación, pero lo cierto es que los propietarios están en clara indefensión.

Hasta ahora, las personas expulsadas de una vivienda quedan en plena libertad sin sanción y, en la mayor parte de los casos, sin reparar los daños causados. Dicho de otra manera: la acción de apoderarse de una casa y utilizarla a capricho resulta impune. No solamente es complicado y lento el proceso de desalojo, sino que la invasión del inmueble es un acto que no conlleva pena y los daños generados no se resarcen.

La petición de un cambio en la legislación realizada por algunos partidos políticos no avanza, porque otros grupos argumentan que quienes carecen de vivienda deben tener derecho a ocupar las ajenas. El problema de personas, en ocasiones con niños a su cargo, sin techo es una cuestión que debe resolverse porque un país como España tiene medios suficientes para atender esa necesidad. Pero debe hacerse a través de los mecanismos del estado de bienestar. Para ello el gobierno -municipal, regional o nacional- dispone de parques de viviendas con las que atender estos casos. También es evidente que se precisan acciones realistas para que desde la iniciativa pública se construyan viviendas que se pongan en alquiler con precios moderados o en venta con un sistema de hipotecas a largo plazo, de manera que sean accesibles a familias con escasos recursos.

En el presente, los problemas que generan quienes invaden una vivienda y la usan sin trabas van más allá del propio hecho del despojo de una propiedad, porque generan, con frecuencia, focos de conflictividad vecinal. En nuestra región hemos visto recientemente los problemas que aparecen con las viviendas ocupadas: inseguridad, conflictividad, amenazas, tráfico de drogas e incluso acciones violentas. Cuando grupos de vecinos se han visto en la necesidad de actuar frente a estas situaciones, debemos aceptar que la legislación tiene lagunas graves. No es adecuado que quienes se sienten perjudicados por quienes violan la ley deban intervenir, ya que esa función está reservada a los cuerpos de seguridad.

Cuando se difunden tesis erróneas sobre los propietarios de viviendas conviene tener presente que la compra de una casa conlleva el pago de numerosas tasas y que anualmente es preciso abonar el impuesto de bienes inmuebles, además del pago por los servicios municipales. Quienes compran un chalé o un piso contribuyen a que funcione el sector de la construcción, que es el que más mano de obra genera en proporción al capital invertido, y al sostenimiento de los servicios municipales.

La ausencia de una ley que permita ejecutar el desalojo inmediato de una vivienda ocupada ilegalmente genera innumerables tensiones, causa graves perjuicios a las víctimas y supone una fuente de inseguridad. Es vidente que se necesita, de manera urgente, una reforma legislativa para que los propietarios queden protegidos y para que el acto de la ocupación se califique como delito.