La pasarela del pobre

Si consideraba que había que mejorarlo, el Gobierno central tenía una salida sencilla: establecer un complemento nacional, o bien por circunstancias de los hogares (primando, por ejemplo, a aquellos con niños) o bien para corregir desigualdades territoriales (pues es evidente que la RGI vasca era más generosa que la de otras regiones, aunque también el nivel de precios vasco es más alto). Sobre unas rentas autonómicas que ya funcionaban, el Estado central hubiera intervenido para proteger ciertos perfiles de riesgo de exclusión y para evitar una excesiva asimetría geográfica.

Pero no. Se montó de la nada un IMV que exigía a los precarios de España presentar solicitudes con una prolija documentación. Como la Seguridad Social no tenía personal ni tradición para gestionar toda esta información, se han producido grandes retrasos y el programa va mal. De los 850.000 hogares prometidos sólo se ha llegado en diciembre a 160.000. Esta «deficiente implantación» forma parte de la plataforma de justificación de protestas que ya organizan los sindicatos. Para llegar a la misma gente con las mismas ayudas, han seguido manteniéndose las estructuras autonómicas y además el Estado ha contratado más plantilla.

A la vista de que la burocracia mantenía al necesitado en su necesidad, se les ocurrió finalmente: «Anda, pero si esa información sobre situación personal ya la tienen sus comunidades autónomas. ¡Pues preguntamos!» Y así empezó una experiencia llamada 'pasarela' con la comunidad de Aragón. Su Gobierno notifica a la Seguridad Social que Fulanito cumple tales o cuales requisitos y así la administración central puede reconocerle el derecho y pagarle. Nótese el dislate: lo que antes hacía el funcionario de Aragón por sí solo, ahora se lo tiene que documentar al funcionario de Madrid para que este pague al maño. El necesitado cobra por el estilo, pero pagarle cuesta más, porque hay más funcionariado implicado y más trámites que realizar.

Si lo de Aragón medio funciona, se generalizará. Así, los funcionarios de Cantabria proporcionarán la información sobre los peticionarios y la Seguridad Social gestionará el pago. Aunque en el País Vasco y Navarra quien lo gestiona es la comunidad y aquí ya rizamos el rizo: sus ayudas autonómicas se ven sustituidas por el IMV nacional, que ellas mismas vuelven a gestionar, aunque ahora la guita se pone de la caja común de todos los españoles, no del presupuesto vasco o navarro. Deciden ellos, pero pagamos todos.

Además, ha comenzado una carrera entre autonomías para convertir sus antiguas rentas básicas en 'complementos' al IMV. Y con ello se inicia una competición de desigualdad, por la que personas con parecida necesidad recibirán ayudas muy diferentes según la comunidad autónoma en que vivan. Es decir, en vez de utilizar el Estado como corrector social y territorial de las rentas mínimas regionales, son estas las que establecerán diferencias sobre el fondo común del IMV. A todo esto, rara vez el IMV se distinguirá mucho de la vieja renta básica autonómica. Estas ya solían estar cerca del salario mínimo y rozar el riesgo moral: que los ingresos por la ayuda superen los del nivel salarial que el mercado está pagando a personas con dichas cualificaciones formativas. La posible falta de incentivo a la búsqueda de empleo es evidente.

El hecho es que ha sido después de la implantación del IMV nacional cuando Cantabria ha alcanzado su techo histórico de beneficiarios de la RSB, en julio pasado. Esto era fruto de la recesión producida por el covid, pero la rápida subida demuestra que nuestra renta funcionaba con agilidad, una cualidad de la que carece la organización montada por el ministro Escrivá, que parece tener un concepto de sí mismo que sólo se puede localizar con telescopio. Las críticas que se le han dirigido desde Unidas Podemos y desde las centrales son certeras, aunque es una lástima que los críticos no sean también autocríticos, por haber instado la vía demagógica (ingreso nacional burocratizado y lento, seguido de diferenciales autonómicos que 'desigualan' a los necesitados) en vez de la vía pragmática (ingresos autonómicos vigentes, más un complemento nacional a ciertos hogares y a ciertas zonas). La propaganda ideológica es más prioritaria que la eficacia social. Sírvase anotarlo para no desengañarse luego.

Así que ahora los necesitados de España dependen de que funcione su 'pasarela' entre autonomía y poder central. El propio ministro ha admitido que la cifra de personas beneficiadas por el IMV al terminar 2020 es unas 100.000 personas menor que la cifra de atendidas al terminar 2019 por las rentas sociales autonómicas. Le faltó admitir también que, con la fórmula pragmática, hubieran seguido atendidas sin perturbación ni zozobras, y se hubieran podido mejorar velozmente los ingresos de situaciones especialmente peliagudas, en vez de duplicar gastos funcionariales para una y la misma función. No ha aumentado la solidaridad entre españoles; ha aumentado la insolidaridad, porque ese gasto burocrático se quita de atender otras necesidades como pensiones de viudedad o becas, y porque ahora los IMV vasconavarros los pagamos también desde las regiones con menos renta por habitante que ellos, mientras que la RGI se la pagaban ellos solos. Se acaba de inventar la 'solidaridad inversa': del pobre con el rico y con el aparato del Estado. Y si los complementos autonómicos al IMV se pasan de rumbosos, aparecerá la insolidaridad de los perceptores respecto de los contribuyentes, y la política social degenerará en caciquismo electoral (propósito indisimulado de alguno). Mal pensado, peor ejecutado, pésimo signo de país.