Dos cuestiones agudas: contratación y corrupción

Contra el estereotipo del carácter pícaro de los españoles, no creo que vivamos en un país corrupto, como pudiera parecer viendo las noticias. Para empezar, porque una cosa es la delincuencia realmente existente (en el primer trimestre de este año ha habido nueve procesos de corrupción, con cincuenta personas implicadas, frente a, por ejemplo, 4.700 delitos contra la libertad sexual). Cualquier cifra es una desgracia, pero conviene poner los datos en su contexto. Y otra cosa muy distinta es la 'percepción de la corrupción', fenómeno de carácter subjetivo que puede, y suele, estar distorsionado por otros aspectos, como el constante bombardeo mediático y las querencias políticas de cada cual. Como es sabido, vemos con claridad la paja en el ojo ajeno sin sentir la viga en el propio.

Por otra parte, hay que señalar que los escándalos de corrupción se desatan cuando estas actividades ilíciltas salen a la luz, no cuando se están produciendo. Cuando la corrupción medra suele ir acompañada de una silente impunidad. Podemos reflexionar sobre cuánto hay de complicidad, de reír las gracias al poderoso, de mirar para otro lado, de no meterse en líos, de miedo a represalias… de 'omertá', en definitiva.

Porque, si son necesarios un corruptor (empresa) y un corrupto (político, en este caso), costaría mucho convencerme de que, desde el lado empresarial, estas actividades son llevadas a cabo por simples mandos intermedios que actúan a escondidas de sus superiores en organizaciones que públicamente hacen gala de magníficos programas de 'compliance'. Y, por la parte administrativa, tampoco me parece creíble que puedan producirse estos ilícitos de forma directa y taumatúrgica desde los más altos despachos políticos sin la colaboración, o la aquiescencia pasiva, de buena parte de la cadena administrativa de decisión, intervención, control, entre otros.

Las empresas implicadas, como la lagartija amenazada, optan por perder la cola antes que la cabeza. Por el contrario, para el debate político, lo que interesa es cobrarse la cabeza visible para exhibirla como trofeo, no resolver el problema real.

Desde otro punto de vista, encontramos unas prácticas que no son percibidas como corrupción. Así, las grandes definiciones de políticas económicas, comerciales o regulatorias son, en buena medida, elaboradas bajo las sugestiones de 'lobbies' y contactos entre empresas y decisores al más alto nivel. Basta pensar en la oscura gestión del gasto militar, del farmacéutico, por ejemplo.

Por tanto, habría que distinguir entre dos clases de corrupción. Una que no es percibida como tal, con independencia de su capacidad para alejar al decisor público del interés general. La llamaremos 'captura del decisor'. Otra, efectivamente ligada a los procesos de contratación pública, carente de todo glamour político, manifiestamente ilegal y relativamente sencilla de descubrir y sancionar. Hay, en definitiva, corrupción 'de ricos' (influencias) y corrupción 'de pobres' (mordidas).

En cualquier caso, tenemos evidencia sobrada de que la contratación pública es el principal boquete por el que se desangra moral, política y financieramente el edificio de nuestro Estado de Derecho, por lo que resulta imperativo afrontar la cuestión.

Otro acercamiento al asunto puede ser el cuantitativo. Tomando datos de la Oirescon de 2023, el volumen de dinero movido en contratación pública en España es de, aproximadamente, 108.000 millones, repartidos entre unos 197.000 expedientes de contratación. Salvo que nos dejemos llevar de una verdadera paranoia ultralibertaria, habrá que reconocer que, como es lógico y natural, la inmensa mayoría de los contratos públicos se llevan a cabo dentro de la ley y con la mejor intención de atender las necesidades públicas, la inmensa mayoría de los gestores son personas decentes y la inmensa mayoría de las empresas solo quieren vender honradamente sus productos y terminar el año sin números rojos.

¿Quiere decir algo de todo esto que deberíamos ser (más) tolerantes con la corrupción? En absoluto. Lo que quisiera plantear es que tengamos la cabeza fría a la hora de adoptar medidas, buscando que sean, antes que nada, eficaces y no ejemplarizantes. Como suele decirse, hay que vaciar la bañera sin tirar al niño por el desagüe.