La concejala investigada por eliminar datos en Santillana se jactó del borrado informático

La última palabra la tiene siempre el juzgador, pero la investigación del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil le atribuye en las diligencias previas a Paula Pérez la presunta «comisión de un delito de daños informáticos». Concluyen además que la edil «sin lugar a dudas» se atribuyó «la autoría dolosa de los hechos» en el transcurso de una conversación de Whatsapp sobre «el borrado de los ordenadores del Ayuntamiento». Y, aunque no es un hecho delictivo, la conversación que pone de relieve la investigación se inicia a raíz del intento de borrado del contenido de los teléfonos municipales que los ediles devolvieron tras la moción de censura al ser propiedad municipal. En el informe sobre las conclusiones de la investigación aparece el exalcalde, Ángel Rodríguez (PSOE), al que se le atribuye junto a Pérez la supuesta comisión de un delito de «daños informáticos» como componente del chat llamado «Elecciones PSOE 2023», en el que se encuentran concejales, simpatizantes y miembros de la candidatura. Los investigadores opinan que Rodríguez «siendo el principal valedor del grupo es sabedor de que Paula y otros usuarios hablan abiertamente del borrado de datos de los ordenadores denunciados, mostrándose Paula como autora intencionada y jactándose del mismo», resumen literalmente.

Y es que en ese grupo de Whatsapp los usuarios le ríen la gracia a un comentario de una persona vinculada al partido que participa con las iniciales C. A. y que no está investigada en la causa, aunque aparece en otros momentos de las diligencias. C. A. ironiza con la «táctica del ordenador» que ha utilizado Paula Pérez en el transcurso de una conversación sobre el borrado del contenido de los teléfonos móviles municipales. Ambas, C. A y Pérez, se muestran «angustiadas» por no haber eliminado bien los chat de Whatsapp de sus terminales y que los nuevos concejales puedan estar leyendo sus conversaciones. «Yo borré todo lo que pude», afirma Paula Pérez en un momento de la conversación, refiriéndose a su móvil. No obstante, los nuevos concejales que sustituyen al equipo socialista tras la coalición formada de AVI, PRC y PP, rescatan la copia de seguridad y acceden a los grupos creados desde el terminal de Pérez que es lo que da lugar a la conversación en la que, según las conclusiones de la Guardia Civil, Pérez se autoinculpa con un «Jajajaja», dentro de una conversación en la que forma parte importante el alcalde saliente, Ángel Rodríguez.

Pero la afición por borrar cosas de los terminales móviles del grupo municipal socialista no parece quedarse solo ahí. Así se desprende de la declaración de la actual alcaldesa, Sara Izquierdo, durante su detención el día 1 de agosto. Allí, Izquierdo explica que en las fechas que transcurrieron entre la presentación de la moción de censura y de la votación de la misma – y según dice que le dijo el secretario del Ayuntamiento– «el equipo de gobierno saliente, incluida C. A., habían destruido documentación de manera masiva en la trituradora, habiendo solicitado pendrives al departamento de servicios del Ayuntamiento». Así lo recoge la Benemérita en el informe de diligencias previas encargadas por el juez.

Otro dato que reflejan los investigadores es que, tras el borrado de datos en ordenadores, realizado entre el 5 y 6 de junio desde el equipo informático de Paula Pérez, –y pasados unos días tras la denuncia coincidiendo además con la publicación de El Diario Montañés sobre la eliminación de archivos– Pérez hace una llamada a la secretaria de organización del PSOE, Noelia Cobo, para mantener ante el partido su versión de que lo ha borrado sin querer. «Que la he liado y que, al borrar una carpeta de su ordenador ha borrado una carpeta compartida que está en todos los ordenadores, añadiendo que lo ha hecho sin darse cuenta, y que es lo único que tienen contra ella». Su interlocutora, la diputada nacional Noelia Cobo, solo le pregunta «si le ha denunciado la alcaldesa».

La investigación llama también la atención sobre algunos otros detalles pintorescos, uno de ellos se desprende del análisis del historial de búsquedas en internet de la investigada. Y es que la Guardia Civil detecta que el 15 de julio de 2024 (más de un mes después del borrado), Pérez busca en Google información para averiguar si alguien ha accedido a su correo electrónico.