Intervenidas más de 800 plantas de marihuana en una finca de Vispieres en la que se declaraba el cultivo de cáñamo industrial
La plantación estaba oculta tras un maizal y los análisis descubrieron un nivel de la sustancia psicoactiva muy superior a la permitida para una producción comercial | Los cuatro socios de la empresa acaban investigados por un presunto delito contra la salud pública
La Guardia Civil de Cantabria, en una investigación contra el cultivo de marihuana, investiga a cuatro varones con edades comprendidas entre los 30 y los 40 años, todos ellos residentes en la región, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Estas personas, miembros de una empresa, en una inspección de los agentes presentaron documentación e informaron de que su actividad estaba dirigida al cultivo de cáñamo industrial. Pero el análisis realizado a un muestreo de las plantas de cannabis arrojaron un THC (principal constituyente psicoactivo del cannabis) muy superior al permitido para el cultivo del cáñamo.
Fue el pasado 26 de agosto cuando la Guardia Civil de Santillana del Mar realizó una inspección a la supuesta plantación de cáñamo industrial, que se encontraba tras un maizal «oculta para terceras personas o las fuerzas de seguridad» en la localidad de Vispieres.
Según explica la Guardia Civil, el cultivo de plantas de cannabis con fines exclusivamente industriales, como el caso de Vispieres, exige que carezcan del principio activo estupefaciente, el THC, teniendo que utilizar unas semillas específicas que producen plantas con contenido medio de THC no superior al 0,2%.
Para acreditar la cantidad de THC de las plantas los agentes realizaron un muestreo de 35 de ellas, que fueron enviadas al laboratorio de Sanidad Exterior, arrojando los cogollos un nivel de THC superior al 16%, cuando lo máximo permitido es el 0,2%.
Por todo ello, se procedió el pasado 14 de septiembre a la intervención en la plantación de 814 plantas de marihuana, que una vez trituradas han arrojado un peso en bruto superior a los 700 kilos.
El día 17 de septiembre y en dependencias de la Guardia Civil de Santillana del Mar, se procedió a instruir diligencias en calidad de investigados a los cuatro socios de la empresa responsable de la plantación, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
