Bezana saca adelante por unanimidad la nueva ordenanza contra el botellón

Bezana saca adelante por unanimidad la nueva ordenanza contra el botellón

La normativa que tiene carácter preventivo, aumenta de forma considerable las multas que van desde los 150 hasta los 3.000 euros

Elena Tresgallo
ELENA TRESGALLO

El Ayuntamiento de Bezana aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos municipales de la Corporación la nueva ordenanza para luchar contra el fenómeno del botellón. Una nueva normativa que surge a raíz de los últimos acontecimientos festivos del verano, que arrojaron un balance negativo en cuanto a destrozos de mobiliario y suciedad por esta problemática, y que llevó al Consistorio a convocar a todos los grupos y consensuar la normativa que ayer aprobaron. Durante la sesión, la Corporación aprobó por unanimidad la declaración de 'Municipio solidario con el alzheimer'.

«Como responsables públicos nos preocupan las consecuencias que tiene el botellón para los propios jóvenes y niños, pero también para la convivencia de nuestros vecinos; defendemos un ocio alternativo y basado en la educación como primera y mas importante medida en las escuelas, pero principalmente en el ámbito familiar», destacó el regidor, Joaquín Gómez, quien insistió en que la medida no era sólo recaudatoria. «No pretendemos penalizar a los jóvenes pero entendemos que no tienen que ser los vecinos los que tengan que pagar los excesos de este fenómeno social», defendió.

Desde las filas de la oposición tanto el Partido Popular como Ciudadanos se mostraron a favor de recrudecer la normativa. «Lo que hemos acordado es aumentar las multas, pero que se tenga más en cuenta para aplicar a aquellas personas que son reincidentes. La medida no tiene un afán recaudatorio, hemos solicitado que se tomen medidas para concienciar a la población de este problema», destacó a este periódico la edil del PP, María José Fernández tras el Pleno.

En la misma línea, desde Ciudadanos su portavoz, Ignacio Hernando, subrayó la importancia de la aprobación de la nueva normativa. «Entendemos que es un mal endémico y hemos querido colaborar para consensuar con el resto de grupos municipales una ordenanza», reflejó.

La nueva normativa contempla tres grados de multas, el primer tramo para los comportamientos incívicos leves como beber en la vía pública, con sanciones que van de 150 a 500 euros; el segundo tramo para las graves, de 501 a 1.000 euros y, por último, las muy graves, referidas a destrozos importantes o atentado a la autoridad, que se pueden multar con hasta 3.000 euros. A la par, durante la sesión se aprobó también la nueva ordenanza para regular la concesión de subvenciones a las asociaciones.

Asimismo se sacaron adelante dos mociones, una presentada por Ganemos relativa a la limitación de la ubicación de salones de apuestas y juegos de azar cerca de los centros educativos, culturales y espacios infantiles, que se completó con una sugerencia de Ciudadanos. Fue este último partido quien presentó otra moción, que fue enmendada por el equipo de Gobierno (PSOE, PRC, Advi y Ganemos), y en la que se dio luz verde a una propuesta de ciudadanos para estudiar la posibilidad de hacer un aparcamiento de autocaravanas, aunque de gestión privada.

Estafa de 60.000 euros

Durante la sesión, el PP preguntó sobre la estafa de 60.000 euros al Ayuntamiento por parte de un falso proveedor que se hizo pasar por la empresa de jardinería. El alcalde explicó que el asunto estaba en el juzgado, que no había novedad, y que se había pedido un informe que «sería vinculante» al Colegio de Secretarios, Tesoreros e Interventores. Cabe recordar que el estafador logró saltarse todos los controles simulando un cambio de cuenta de la verdadera empresa que sí prestaba el servicio, y que fue quien dio la voz de alarma al ver que no se ingresaban los honorarios a tiempo.

Investigan si se dio bien o mal una licencia en terrenos de Piélagos

Durante la sesión plenaria de ayer, el Partido Popular preguntó por las investigaciones municipales a causa de la paralización de construcción de una vivienda en Mompía, que supuestamente tiene parte de su terreno en el municipio de Piélagos, aunque las licencias las dio Bezana. El conflicto territorial que puede acabar mal en el juzgado surge a raíz de la reclamación de éste Ayuntamiento vecino, a través de un decreto de Alcaldía, en el que comunica a Bezana que han dado los permisos en un terreno fuera de su jurisdicción.

El expediente se remonta al periodo en el que el actual delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, era alcalde del municipio, en su última etapa, y lleva a Comisión de Urbanismo la modificación del deslinde entre los dos municipios. Un acuerdo que se adopta por mayoría, pero con la abstención del PP, Ciudadanos y Advi, a pesar de que este último partido forma parte del equipo de Gobierno cuatripartito con el PSOE, PRC e IU-Ganemos.

Durante el Pleno fue la portavoz de esta formación, Milagros Bárcena, quien explicó –como instructora de la investigación– los detalles de la misma. Aclaró que se abrió para conocer si Piélagos está en lo cierto y la licencia fue irregular, así como la segregación de las fincas. Barcena explicó que lleva dos meses indagando de forma «correcta y rigurosa». Un tiempo en el que, según su versión, había realizado las pertinentes consultas con técnicos urbanísticos y jurídicos –puesto que el propietario de la vivienda paralizada ha denunciado al Ayuntamiento– y revisado todos los expedientes que hacen referencia a este caso. A la conclusión a la que ha llegado, según expuso, es que «hay que medir la finca y hay que entrar en la vivienda para saber si la licencia de segregación se dio ajustada a la normativa vigente», concluyó.

 

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