La Audiencia archiva la causa contra la alcaldesa de Camargo aunque cuestiona al secretario

El denunciante sostenía que los querellados maniobraron para anular esa resolución, a pesar de que contra ella no cabía recurso alguno, y de este modo permitir que la alcaldesa pudiera instruir los expedientes disciplinarios abiertos en agosto de 2018 al jefe de los bomberos. La querella fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, pero el querellante recurrió a la Audiencia, que ahora ha dado por zanjado el asunto sin ninguna responsabilidad penal para los acusados. Sin embargo, los jueces cuestionan la intervención del secretario municipal, que califican de «contraria a la ley» por incumplir las normas en la tramitación del procedimiento. No obstante, la Sala estima que dicho incumplimiento no tiene la suficiente gravedad como para «justificar por sí mismo» la continuación de la causa penal.

La querella es el corolario de una serie de desencuentros que nacieron cuando en 2014 el Juzgado de lo Social número 2 de Santander declaró personal laboral del Ayuntamiento a las 17 personas que formaban parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Para cuando la actual Corporación tomó posesión a mediados de 2015, la sentencia había sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En diciembre de ese año, el equipo de gobierno acordó el cierre del parque de emergencias de Camargo en el que prestaban servicio esos 17 trabajadores, así como la creación de un nuevo Servicio de Extinción de Incendios, con la consiguiente aprobación de la relación de puestos de trabajo en el mismo. El Ayuntamiento acordó entonces asignar temporalmente a esos 17 operarios a los nuevos puestos de trabajo creados, a pesar de que eran trabajadores indefinidos.

Esta situación ha tensionado las relaciones entre el equipo de gobierno y el colectivo, que acusa a la alcaldesa de querer prescindir de sus servicios a toda costa. Como consecuencia de este rifirrafe, los responsables municipales han abierto varios expedientes disciplinarios al jefe del servicio. Es en este escenario de conflictividad se enmarca la querella presentada por Gómez Liaño. Con ocasión de los tres últimos expedientes, el jefe de los bomberos recusó a la alcaldesa. Para abordar la recusación, se convocó un pleno el 1 de octubre de 2018 y entonces el afectado extendió la reprobación a todo el equipo de gobierno y al secretario municipal. Gracias a los votos de los 10 concejales del PP y a que la alcaldesa Esther Bolado y los ediles de Recursos Humanos y de Servicios Públicos, Héctor Lavín y Ángel Gutiérrez, respectivamente, se abstuvieron por ser parte interesada, la recusación tuvo luz verde.

Pero, el jefe de bomberos entendió que la alcaldesa y el secretario «se concertaron» con el resto de los querellados para «revertir la recusación de forma ilícita», de manera que Bolado pudiera resolver los expedientes disciplinarios que ella misma le había abierto. Así, Bolado recurrió al Pleno su propia recusación y convocó de forma inmediata otro extraordinario. Según el querellante, se cometieron varias ilegalidades, porque ni las recusaciones pueden ser recurridas, ni siquiera se le dio traslado y no se respetó el plazo legal para convocar el pleno. La sesión extraordinaria se celebró el 15 de octubre y la recusación fue anulada con el voto a favor de toda la corporación, excepto de la alcaldesa y los ediles Lavín y Gutiérrez, después de que en medio de una fuerte bronca el grupo popular abandonará el Pleno. El jefe de bomberos impugnó ese acuerdo, que consideró «prevaricador», señalando al secretario municipal como «autor material e intelectual» de la estrategia puesta en marcha por la alcaldesa para recuperar sus competencias sobre los expedientes.

Pero cuando el caso al Juzgado de Instancia número 2 de Santander, su titular archivó la querella ya que no vio «ni concertación ni contubernio» para votar en un determinado sentido, una interpretación que respalda ahora la Audiencia. En la sentencia, el tribunal no ve conducta delictiva alguna en el acuerdo, ya que «los concejales votaron en el mismo sentido» que lo habían hecho previamente, y «nadie» les puso de manifiesto la ilegalidad de esa segunda votación.

Sin embargo, la Audiencia califica de «contraria a la ley» la actuación del secretario, al que reprocha que «admitiera a trámite un recurso que la ley prohibe expresamente», que lo confeccionara cuando debía pronunciarse sobre su admisión y que no diera traslado del mismo al jefe de bomberos. Aunque el tribunal reconoce que el técnico «incumplió las normas» y «no veló» por la pureza del procedimiento administrativo, entiende que esa infracción «no es de la suficiente gravedad como para justificar por sí mismo la continuación del procedimiento penal».

Este caso es uno de tantos enfrentamientos judiciales que mantienen los antiguos bomberos voluntarios con el equipo de gobierno. En el ámbito penal, los denunciantes han fracasado estrepitosamente. Otra querella presentada contra los dirigentes municipales por el cierre del parque de bomberos voluntarios y la aprobación de la oferta pública de empleo ni siquiera fue admitida a trámite, decisión que fue recurrida ante la Audiencia, que aún no se ha pronunciado. En la jurisdicción social está pendiente de que se resuelva la impugnación del despido de seis antiguos bomberos voluntarios, y todavía no hay sentencia sobre el recurso contencioso administrativo presentado contra la oferta de empleo. El jefe de bomberos ha recurrido también la sanción de tres años de suspensión de empleo y sueldo.