La oposición pide que se negocie con los afectados de los derribos en Reinosa

El fallo, que adelantó este miércoles El Diario Montañés, revoca la sentencia anterior dictada en primera instancia y que ratificaba la orden de derribo y estima parcialmente las peticiones de los afectados, que vuelven ahora a la situación anterior a que el Consistorio ordenara de la demolición de sus viviendas.

Es en este punto, el portavoz del PSOE, Sergio Balbontín, reclama ahora al equipo de gobierno bipartito «otra manera de solventar los problemas de los vecinos, buscando soluciones dialogadas, desjudicializando todo el proceso y tratando de no causar más dolor y molestias de las ya generadas a estos reinosanos», expresó en socialista en un comunicado.

El edil recordó que su partido ha estado «desde el primer momento» visibilizando las reclamaciones de los afectados y han solicitado «en innumerables ocasiones» tanto al anterior regidor como al edil de Obras (que sigue siendo el mismo) «mayor empatía y menos prepotencia» a la hora de abordar estas cuestiones «que siguen evidenciando, una tras otra, los errores del equipo de gobierno», opinó.

«Esperamos que este revés judicial, sumado a los ya sufridos en el Quintanal y Travesía de la Nevera, hagan replantearse a populares y regionalistas su estrategia ante los problemas que padecen los vecinos, como es el caso de lo que está ocurriendo en Las Fuentes», concluyó.

Por su parte, la concejal de REC, Victoria Callejo se suma a la citada petición y ha avanzado que analizará la sentencia y solicitará hoy mismo, vía registro, una reunión con los afectados de cara a abrir una «negociación y un diálogo» con los vecinos que soportan un «calvario judicial» por sus viviendas desde hace años.

El letrado que defiende a los vecinos desahuciados del número 2 de Torres Quevedo y el 34 de Puente Carlos III, Javier Díaz Aparicio, reclamaba este martes también la apertura de una vía de dialogo con el Ayuntamiento de cara a «recuperar» los edificios afectados.

El fallo revoca el derribo por un defecto formal en la declaración de ruina que se hizo a la hora de emitir la orden de demolición de los inmuebles en 2018. El Ayuntamiento, que está valorando el contenido de la sentencia, podría recurrir ahora otra instancia judicial (el Tribunal Supremo) o volver a armar el expediente administrativo para declarar la ruina y tirar los edificios apuntalados en el centro de la ciudad. La discrepancia principal es si los mismos son recuperables o hay que echarlos abajo ante la amenaza de colapso de los mismos.

Cabe recordar que los afectados siempre han apuntado al Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria, como responsables de los desperfectos generados en sus viviendas, a raíz de unas obras de saneamiento que se realizaron en la zona entre los años 2005 y 2010.