La Audiencia pide al Juzgado de Castro que reconstruya el expediente de La Loma

El Ayuntamiento de Castro Urdiales está acometiendo una serie de obras de urbanización en La Loma con los avales que depositaron en su momento los constructores. /Abel Verano
El Ayuntamiento de Castro Urdiales está acometiendo una serie de obras de urbanización en La Loma con los avales que depositaron en su momento los constructores. / Abel Verano

La Sección Tercera asegura que no constan en las actuaciones ni la pieza de nulidad ni el tomo III de la pieza separada de medidas cautelares

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

El macrocaso de La Loma de Castro Urdiales, el asunto más importante sobre corrupción que instruyó el magistrado Luis Acayro Sánchez durante sus etapa como titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, vuelve a los Juzgados castreños. Al menos hasta que se reúna toda la documentación que debería figurar en el expediente, que ya obra en manos de la Audiencia. En una providencia fechada el pasado 9 de abril, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, solicita al Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales que proceda a la reconstrucción de la documentación que falta.

Y es que hace apenas un mes, la Sala anunció que faltaban documentos dentro de las actuaciones, que constan de 101 tomos, 61 anexos, 40 piezas separadas de responsabilidad civil, otra pieza de fianza de la acusación popular, otras cinco de medidas cautelares (una de ellas con tres tomos), tres piezas de situación personal, otra de intervención de comunicaciones, una de recusación, otra pieza de nulidad, así como documentación perteneciente a Proinsa que consta de cuatro carpetas, un fichero y tres cuadernos y planos. En total, 57.546 folios.

El Juzgado castreño requerirá a todas las partes para recopilar los documentos que faltan La causa, en la que están acusadas 46 personas, consta de 57.546 folios

De entre toda la documentación, los magistrados Agustín Alonso Roca (ponente), Almudena Congil Díez y Juan José Gómez de la Escalera echaron en falta la pieza de nulidad y el tomo III de la pieza separada de medidas cautelares. Ante esta circunstancia, remitieron un oficio al Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, el pasado 16 de enero, en el que reclamaban dicha documentación.

La respuesta del Juzgado castreño no fue otra que allí no había rastro de dichos documentos. «Salvo error y omisión se enviaron a esa Sala todas las pieza a que se hace mención en el oficio de 16 de enero de 2018». «Se revisó en su día todo lo que se enviaba a esa Sala y se verificó que todo ello se hiciera constar en el oficio indicado. Se apartaron todos los tomos, anexos y piezas en unas dependencias de este Juzgado únicamente al fin de garantizar su correcta remisión y todos ellos fueron recogidos por el transportista correspondiente». Dicho esto, el Juzgado de Castro señala que ha vuelto a verificar sus instalaciones y «no ha quedado en este Juzgado ningún tomo, anexo o pieza relativo al procedimiento arriba referenciado».

Tras esta respuesta, la Audiencia emitió una diligencia de ordenación en la que señaló que, tras examinar nuevamente las actuaciones recibidas, «no constan» las piezas que reclamó al Juzgado.

Según explicaron a este periódico fuentes del caso, ante esta situación lo que procede es llevar a cabo una reconstrucción de los autos, para lo que se requiere a la Fiscalía y a todas las partes, para, entre todos, recopilar los documentos que no tiene en sus manos la Audiencia. Y eso será lo que tendrá que hacer el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales.

Hasta 196 años de cárcel

Un total de 46 personas (23 expolíticos, 13 promotores o constructores, 6 técnicos municipales y otros 4 técnicos), están acusados en esta macrocausa. Se da la circunstancia de que la Audiencia Provincial, que tendrá que buscar un emplazamiento extraordinario para la celebración de este macrojuicio, ya se pronunció sobre este pleito al rechazar en su momento los recursos presentados por la mayoría de los acusados en este procedimiento. Este órgano apoyó en su momento las tesis del instructor, mantuvo la práctica totalidad de las imputaciones por múltiples indicios de delito contra la administración pública: prevaricación administrativa y urbanística, delito contra la ordenación del territorio, falsedad de documento público, cohecho, malversación de fondos, estafa e infidelidad en la custodia de documentos públicos.

En un auto, la Sala insistía en que los miembros de la Junta de Gobierno de Castro concedieron licencias de obra para la construcción de viviendas «pese a que no había infraestructuras para el abastecimiento de agua, ni era previsible que las hubiese a la finalización de la construcción». Asimismo, reprochaba la actitud de los técnicos municipales por informar favorablemente «pese a que las viviendas no iban a contar con todos los servicios una vez finalizadas».

El Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación 196 años de cárcel para los encausados. De todos ellos, las penas más elevadas las solicita para el exarquitecto municipal, Pedro Restegui, para quien reclama 12 años de cárcel, igual número que para el exalcalde, Rufino Díaz Helguera. El exalcalde Muguruza se enfrenta a una solicitud de pena de 11 años y el exedil Salvador Hierro, a ocho años.

De forma paralela a este procedimiento judicial, el Ayuntamiento de Castro Urdiales está acometiendo una serie de obras de urbanización en La Loma con los avales que depositaron en su momento los constructores, que debían haber acometido estas actuaciones que el Consistorio castreño lleva a cabo de manera subsidiaria.

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