El juzgado da el visto bueno al convenio de Conservas Lolín en Castro

El juzgado da el visto bueno al convenio de Conservas Lolín en Castro

El juez Acayro ha desestimado el recurso presentado por el exconcejal de Anexión a Vizcaya y propietario de la parcela situada frente a la conservera, César Barco

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

El titular del Juzgado de lo Contencioso Número de Santander, Luis Acayro Sánchez, que «está ajustado a Derecho» el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Castro y Conservas Lolín al rechazar el recurso presentado por el exconcejal de Anexión a Vizcaya y propietario de la parcela situada frente a la conservera, César Barco, al que condena en costas y da la posibilidad de recurrir su decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Ha sido el propio Consistorio castreño el que ha desvelado esta mañana a través de una nota de prensa la resolución de Acayro, fechada el pasado 7 de enero. Y todo ello después que el Ayuntamiento aprobara en pleno el pasado 30 de mayo de 2017 un convenio urbanístico con la empresa Anchoas Lolín, con el fin de facilitar el traslado de esa industria del entorno urbano al polígono de Vallegón y permitir el desarrollo comercial de la parcela de Brazomar, debiendo la empresa ceder al Ayuntamiento un local de 950 m2 en el edificio, además de construir una pasarela de peatones y ciclistas entre Leonardo Rucabado y la vía verde de Traslaviña.

Tras el acuerdo del pleno, que contestó a las alegaciones hechas a la exposición pública previa del texto del convenio, el exconcejal de Anexión a Vizcaya interpuso un recurso al juzgado Contencioso Administrativo.

Según señala el Ayuntamiento castreño, contra la pretensión del recurrente, que alegaba falta de motivación del convenio, la sentencia entiende que se ha justificado el interés general, ya que sacar fábricas del centro de la ciudad redunda en el beneficio de la ciudadanía. «También se desestima la alegación que denunciaba una ocupación de suelo público de la fábrica, primero porque hubiera sucedido hace más de 20 años y además no es objeto del convenio, y segundo porque da por buena la investigación abierta por el Ayuntamiento en 2017 al respecto que concluyó que no se produjo usurpación alguna«.

En otras de las alegaciones, como la de un supuesto estudio de tráfico de 2004, a cuya prueba pericial renunció el propio alegante, según apunta el Consistorio, el juez aprecia «que el recurso no obedece tanto a la defensa del interés general como a que el recurrente tema verse afectado por una futura reordenación viaria, la cual tampoco se contempla en el convenio«.

«La sentencia viene a ratificar la tramitación urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento, que sigue con el procedimiento de modificación del Plan General según lo estipulado en el convenio, y que permitirá trasladar la industria molesta al polígono de Vallegón, la ampliación de dotaciones públicas en la parcela de Brazomar y la conexión ciclista/peatonal de Leonardo Rucabado con la vía verde de Traslaviña«, concluye el Ayuntamiento.