El Astillero examinará doscientas viviendas de más de cincuenta años

Según indicó el Consistorio en un comunicado, la normativa a la que está sujeta esta medida llega por primera vez al municipio tras más de una década en vigor. Se recoge en el Decreto 1/2014 de 9 de enero y afecta a todos los edificios de más de cincuenta años de antigüedad de todo el término municipal. Con ella, todos estos inmuebles deberán contar con un informe elaborado por un técnico, en el que se recoja el estado de conservación del inmueble, su grado de accesibilidad o su grado de eficiencia energética.

En un primer momento, el Ayuntamiento fijó en cerca de cien las viviendas que por su antigüedad estarían sujetas a este informe de evaluación, pero según pudo conocer este periódico, podrían tratarse del doble, esto es, cerca de doscientos inmuebles.

Además, y según figura en dicho Decreto, y conforme a la regulación de las condiciones, corresponde a los propietarios, sean personas físicas o jurídicas, así como a las comunidades de vecinos y agrupaciones de comunidades de propietarios, obtener dicho informe y asumir los costes del mismo y la reparación de los daños detectados. Esto es, deberán ser los propietarios quienes tengan ahora que mover ficha y agilizar los trámites en un plazo que se ha fijado en tres meses, más tiempo del que se exige en otros ayuntamientos como el de Santander.

Una vez realizado el trámite, deberán ser presentadas dos copias del informe ante el Ayuntamiento, quien a su vez deberá remitir después una copia a la Consejería competente en materia de vivienda del Gobierno de Cantabria para que lo incluya en el Registro de Informes de Evaluación de Edificios.

En este sentido, el alcalde, Javier Fernández Soberón, explicó que se trata de un trámite que está incluido en la legislación desde hace más de diez años, pero que nunca antes se había llevado a cabo en el municipio. Con ello, se pretende tener bajo control el tejido patrimonial de los vecinos con el único fin de evitar el punto de «no retorno» de aquellos edificios que por su antigüedad pudieran suponer un riesgo estructural. «Como una especie de ITV», que permitirá conocer el estado de los inmuebles y por tanto, atajar «a tiempo» situaciones estructurales que pudieran requerir de una intervención, añadió.

Esta situación de no retorno es la que ha afectado al barrio Obrero de El Astillero, cuyos dos bloques de viviendas -de cerca cien años de antigüedad- se han visto afectadas por daños estructurales. De hecho, el procedimiento de declaración de ruina y demolición todavía está en periodo de alegaciones y los propietarios tienen de plazo hasta esta semana para entregar los informes técnicos que han encargado de manera particular y paralela a los de los técnicos municipales.

El pasado mes de octubre, el informe de la arquitecta municipal declaró las viviendas del Barrio Obrero de El Astillero en «estado de ruina» económica y urbanística y dio dos meses de plazo a los inquilinos y propietarios para abandonar sus hogares y proceder a la demolición del edificio. Un plazo aproximado que se podría alargar una vez se analicen las alegaciones presentadas y una conclusión que podría no ser tan determinante. En este sentido, el proceso de alegaciones que se mantendrá abierto hasta esta semana podría alterar el desenlace del edificio, ya que los técnicos que la comunidad de propietarios ha contratado podrían contrariar la visión de los técnicos municipales.