Los afectados por el nuevo polígono de Laredo insisten en anular «todo» el PSIR

En el encuentro han repasado el conjunto de alegaciones que han presentado a la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) tras aprobarse inicialmente el PSIR el pasado mes de julio y han dado cuenta de las reuniones de trabajo que han mantenido las últimas semanas con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; y con los consejeros de Industria y Fomento, Eduardo Arasti, y Roberto Media, respectivamente. Han agradecido a las autoridades regionales la «predisposición» a la hora de escucharles y vislumbran una actitud de «reconsideración» y una posición de «negociación» respecto a lo planes originales del parque industrial que les motiva a «ser positivos», sin bajar los brazos en ningún momento.

El abogado de la plataforma vecinal, Ricardo Gundín, ha expuesto que en las primeras reuniones desde el Gobierno de Cantabria pusieron sobre la mesa «propuestas inaceptables» que el colectivo rechazó de plano por «seguir contemplando muchos metros de afectación». Gracias a la insistencia y la lucha de la plataforma, el consejero de Industria ha hecho la que hasta ahora es la última proposición en la que se excluyen de la futura zona industrial 34 viviendas catastrales, es decir, el 72%. Conforme a la misma, la superficie del PSIR se reduciría de 530.00 metros cuadrados a 281.303 metros cuadrados.

El abogado ha señalado que esta modificación salvaría «la práctica totalidad de las casas», pero se ha reafirmado en la postura de la asociación manifestando que «no estamos conformes y nuestra intención es anular todo el PSIR». El colectivo ha valorado que «la línea fijada se vaya moviendo hacia atrás y esperamos que siga así hasta quedar en nada». Además, se ha recalcado que, por el momento, todas estas propuestas «son palabras y no planos firmados». Y en el caso de que se llevara a cabo una modificación sustancia del PSIR, tendría que volver a publicarse y repetirse todo el trámite administrativo.

El presidente de la asociación, Víctor Echevarría, en una de esas reuniones planteó la ejecución del polígono en la parte oeste del terreno (zona de la chimenea) en unas seis hectáreas libre de viviendas. Una idea que tumbaron tanto Arasti como el alcalde de Laredo, Miguel González. El abogado ha reprochado que el Gobierno de Cantabria está enconado en la «rentabilidad económica» del proyecto, con el que se pretende atraer a empresas de la zona e ingresar en las arcas 47 millones de euros.

La cuestión de la rentabilidad enlaza con otra de sus denuncias: la expropiación de las casas a «precios irrisorios». La plataforma critica que les quieren pagar a 15 euros el metro cuadrado cuando en el mercado alcanza los 60 euros. Y condenan que la pretensión del Ejecutivo en el caso de los afectados que optasen por el realojo es reubicarles «en barracones de pisos de 74 metros cuadrados».

Gundín ha sostenido que las alegaciones registradas son «muy contundentes y jurídicamente defendibles» incidiendo en la inundabilidad de la zona, en la falta de justificación de Interés Regional del proyecto y en la carencia de un estudio de las «necesidades reales» de suelo industrial de Cantabria, que «Sican pretende hacer ahora». Además, ha apuntado que el PSIR está caducado. «Se declara en 2021 y se aprobó cuatro años después, cuando el plazo de trámite es de tres años».