El fiscal destapa un «apoderamiento ilícito de fondos» a través de un club deportivo de Santillana

En el escrito en el que acota los supuestos delitos detectados tras meses de investigación, el fiscal concluye que las pesquisas de la Guardia Civil han constatado «un sistema de funcionamiento del deporte en el Ayuntamiento de Santillana del Mar caracterizado por la opacidad y la ausencia del control de legalidad y financiero, presuntamente promovido y dirigido por el investigado Ángel Rodríguez».

En este sentido, relata que entre los años 2018 y 2024, la Escuela Deportiva Municipal (EDM), dependiente del Ayuntamiento, ha tenido distintos responsables: Ángel Rodríguez (2018-2019), Rafael Oceja (2019-2023) y Miguel Mata (de 2023 a junio de 2024).

En ese periodo de tiempo, la EDM fue «utilizada» por el investigado Rodríguez (concejal de Deportes y alcalde del Ayuntamiento de Santillana del Mar) como una entidad cuya función esencial y exclusiva fue la de recibir subvenciones públicas destinadas al fomento del deporte en el municipio. «Sin embargo, en lo que se refiere al fomento del fútbol en el municipio, la EDM no ha inscrito a ningún jugador de fútbol en la Federación Cántabra de Fútbol (FCF) y no ha participado en ninguna competición».

A pesar de que la EDM carecía de actividad real, recibió 317.857 euros de subvenciones destinadas a la aportación de monitores. «La actividad económica de EDM debía ajustarse a la ley y controles administrativos, pero, para evitar esos controles y sometimiento a la legalidad administrativa, Rodríguez, en connivencia con los respectivos concejales de Deportes, Oceja y Mata, creo un sistema basado en la opacidad que le permitiera la disposición de fondos a su antojo».

Para tal fin, entre los años 2018 a 2024, «utilizaron el Club Deportivo Elemental Santillana (CDE), cuyo presidente desde el año 2018 está investigado». Para crear apariencia de identidad o unidad de sujetos, la inscripción de la EMD y el CDE en la FCF «se realizó de manera que induce a error en cuanto a su identificación individual». El CDE es una entidad privada ajena a la estructura pública municipal del Ayuntamiento de Santillana del Mar, aunque su financiación preferente, casi exclusiva, proviene de los fondos públicos municipales. «La toma de decisiones tanto en el CDE como en la EMD eran adoptadas por Rodríguez con independencia de los órganos que integran una y otra».

Según sostiene el fiscal, con la finalidad ilícita descrita, «los investigados idearon un sistema por el que la EMD recibía subvenciones públicas para el fomento del deporte que posteriormente transferían con patrimonio ilegítimo al CDE. Recibidos los fondos públicos en este último, los investigados destinaban los capitales a fines privados propios».

Entre 2018 y 2024, el CDE recibió ayudas del Ayuntamiento de Santillana por un valor total de 89.000 euros, dentro del programa anual de ayuda al deporte. Y en ese periodo de tiempo el Ayuntamiento ha subvencionado al fútbol de la localidad con 481.732 euros, de los que 392.732 (317.857 para monitores y 74.875 para monitores y material) han ido dirigidos a la EDM (fútbol, voleibol, gimnasia…), dependientes del concejal de Deportes y «contando con cero jugadores de fútbol federados». Esos 392.732 euros adjudicados a la EDM han sido «desviados» al CDE, que figura inscrito en la FCF bajo el nombre EDM Santillana.

Según apunta el fiscal, en agosto de 2023, el Ayuntamiento adjudicó a una empresa, bajo la modalidad de contrato menor y con el objeto de 'Suministro de Equipaciones Deportivas para la Escuela Municipal de Fútbol', las cantidades de 18.107 euros y otros 18.107. «Dicha contratación supone un fraccionamiento no justificado del contrato administrativo con el claro objetivo de eludir la tramitación de una licitación».

El suministro de monitores se realizó a través de tres empresas y una asociación que están investigadas en esta causa. Dichas empresas, desde 2017, han recibido 355.553 euros para contratar monitores, «que efectivamente han desarrollado esta labor en Santillana y en su mayoría prestan servicio como voluntarios a coste cero o una cantidad mínima testimonial que reciben 'en negro'».

Esta circunstancia se ha constatado con los registros en la Seguridad Social, en los que se observa que la asociación investigada ha dado de alta a 12 entrenadores del CDE, y una empresa a 7 personas. Igualmente se observa que la mayoría de entrenadores y monitores del fútbol base «no cobran dinero y no tienen contrato». En los contratos celebrados con las empresas implicadas, «el procedimiento y la ley administrativa se emplearon exclusivamente para dar cobertura formal a las decisiones previamente establecidas por los investigados, sin posibilidad de concurrencia y en perjuicio del Ayuntamiento».