El fiscal detecta un fraccionamiento de contratos «ilegal» en el aparcamiento regulado de Santillana

Una de esas derivadas es la que tiene que ver con la gestión del aparcamiento regulado de Santillana, donde la Fiscalía ha detectado, entre otras cosas, «un fraccionamiento de contratos ilegal», además de la prestación del servicio durante cuatro meses «sin contrato».

Los hechos que integran esta pieza se iniciaron en virtud de la manifestación-denuncia de Sara Izquierdo, que detallaba que para contratar a la empresa Iberpark en el año 2023, el Ayuntamiento había licitado dos contratos menores por 17.998 euros y 14.481 euros bajo idéntico concepto, advirtiendo el interventor del Ayuntamiento en un informe de las «irregularidades» en esa contratación.

Para la explotación del año 2024, el Ayuntamiento proponía un canon anual de 132.000 euros, en base a un estudio de viabilidad económica previo. Sin haber sido resuelta la contratación del servicio, a mediados de marzo de 2024, la actual alcaldesa, entonces edil de Turismo, tuvo conocimiento de que Iberpark había llamado a los trabajadores de la zona azul, siendo testigo en el 15 de marzo de que «el parking estaba funcionando sin contrato», por lo que exigió al encargado de la empresa y al alcalde que se precintaran las máquinas expendedoras de inmediato.

El lunes 18 de marzo desde el Ayuntamiento se realizaron las gestiones pertinentes, ofertando la licitación de la explotación del parking por un periodo de un año y medio y sacándose a la plataforma de contratación, ganando el concurso de nuevo la empresa Iberpark, «si bien con unas mejoras en su pliego de más de 72.000 euros, respecto al año anterior», según relata el fiscal.

En un informe sobre la contratación para la gestión de servicio público de estacionamiento regulado en Santillana del Mar durante los años 2022 y 2023 con la empresa Iberpark, el interventor de Santillana señala una serie de «irregularidades» en el ejercicio 2023, como la de «haberse prestado el contrato de forma ajena al control financiero de la Intervención, al no existir expediente de contratación y, por tanto, constancia de los ingresos y gastos y control de los mismos, hasta que se ha tenido conocimiento de la propuesta de liquidación».

La investigación revela que el Ayuntamiento de Santillana del Mar tramitó dos expedientes de contrato menor para la gestión del parking, adjudicándole la explotación durante los meses de abril, mayo y junio de 2023 a Iberpark, por 17.998 y 14.482 euros, bajo el mismo concepto 'Gestión Servicio Público Estacionamiento Regulado de Vehículos'. «Dicha contratación eludió los criterios de transparencia y publicidad que se ajustan a este tipo de contrataciones, sin observarse urgencia o excepcionalidad para adoptar esta vía, ya que el objeto era el mismo y debía ser previsto con anterioridad. Se hizo un fraccionamiento de contratos ilegal con el propósito de eludir la contratación ajustada a las garantías legales establecidas por la naturaleza e importa del servicio», apunta la Fiscalía.

Durante los meses julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, Iberpark, que también está investigada en este procedimiento, declaró la cantidad de 175.203 euros recaudados derivados de sus servicios. «Dicha actividad se realizó sin contrato administrativo, sin ningún tipo de control financiero, hasta el punto que el servicio se prestó en precario con ausencia absoluta de la ley administrativa y con claro perjuicio para el Ayuntamiento. Todo ello fue posible por la connivencia y acuerdo de los investigados (también esta imputado un funcionario municipal)».

El fiscal considera que de estos hechos se desprende un presupuesto delito de prevaricación administrativa en cuanto al «burdo uso de las normas de contratación pública para dar cobertura y opacidad a la realidad criminal establecida previamente por los investigados, hasta el punto de llegar a prestar el principal servicio del municipio sin contrato alguno». Además, detecta otro presunto delito de fraude en la contratación «por el concierto entre los investigados para prestar el servicio público de aparcamiento de forma absolutamente opaca, sin control ni posibilidad de intervención de terceros licitadores y en perjuicio de los ingresos del erario público municipal».

En el 'caso Santillana' están implicados políticos de tres de los cuatro partidos con representación en el Parlamento de Cantabria: PP, PSOE y PRC. Por eso no resulta extraño que los dirigentes regionales de las tres formaciones opten por guardar silencio, por el momento, como han hecho PSOE y PRC, o bien pidan «prudencia», como hace el PP.

En cambio desde Vox tienen muy claro que «vamos a luchar contra la corrupción y el servilismo de este ayuntamiento».

Este periódico se ha puesto en contacto con los representantes regionales de las cuatro formaciones para conocer sus impresiones sobre las conclusiones de la Guardia Civil. Desde el PRC, la diputada y vicesecretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, ha señalado en varias ocasiones que no harán valoraciones hasta conocer una resolución judicial que determine el alcance de las pesquisas policiales. Del mismo modo, el PSOE regional prefiere no pronunciarse. Sí lo ha hecho, a través de su redes sociales, el PSOE de Santillana respecto a la información publicada el domingo por El Diario Montañés que afecta a la concejala socialista Paula Pérez, imputada por el borrado de datos municipales y que se «jactó» de esa acción en una conversación con sus compañeros de partido, a pesar de que oficialmente mantiene que «no fue intencionado».

En un comunicado, su partido reitera que el borrado de documentos «fue un error totalmente involuntario, sin ninguna mala intención ni consecuencia grave». «La documentación eliminada no tenía nada que ver con contratos ni ningún asunto que nos afectara a nosotros directamente. Se trataba de archivos sin relevancia administrativa, como actas de plenos antiguos, que posteriormente fueron recuperados en su totalidad».

Desde el PP, el portavoz parlamentario Juan José Alonso pidió «prudencia» y «dejar actuar a la Justicia». «Tenemos que respetar los tiempos y que se aclare todo por el bienestar de los vecinos de Santillana».

Más duros se mostraron en Vox, en concreto el representante de este partido en Santillana, Javier González, que fue edil del PRC en la pasada legislatura, aunque entregó su acta. «Me marché porque vi cosas que no me gustaban. Esto salpica a todos. Es vergonzoso, me asusta y espero que la gente despierte. Hay una red clientelar terrible».