El PP de San Vicente dice que la demolición de Santa Marina es una «incongruencia»

El PP, cuyo portavoz municipal, Julián Vélez, fue alcalde en los años en los que se aprobó dicho proyecto, considera que para llegar a entender todo el complejo proceso que ha motivado esta situación es necesario retrotraerse hasta el año 1988, momento en el que se aprobó la declaración de Oyambre como Parque Natural, y analizar la cronología posterior hasta el momento actual, con al menos una veintena de acontecimientos que considera clave «para que los vecinos puedan sacar sus propias conclusiones».

La mas importante de todas ellas, a juicio del PP, es que «es una total incongruencia que el mismo tribunal que ratificó el nuevo Plan General de San Vicente de la Barquera en el año 2015, en el que se contempla la construcción de la urbanización de Santa Marina prácticamente en su totalidad, ordene la ejecución de la sentencia y con ello el derribo de lo que ya estaba construido, por lo que al final se derriba lo que de nuevo se podría volver a construir».

Otra de la conclusiones que los populares consideran evidentes y especialmente «dañinas» en todo este proceso es que los tribunales hayan adjudicado la obras de derribo directamente a la empresa pública Tragsa por más de 2.2 millones de euros sin haber realizado ningún concurso público, lo que para el PP ha supuesto un encarecimiento brutal que podría haberse evitado con el consiguiente ahorro para el Ayuntamiento de San Vicente.

Otros aspectos que consideran importante recordar es que cuando se aprobó el proyecto de urbanización de Santa Marina «se ajustaba a la legislación urbanística existente en ese momento» y que el Ayuntamiento siguió las directrices fijadas por el Gobierno regional y los informes jurídicos en unos momentos en los que el urbanismo en la región estaba en manos del PRC, por lo que no entienden que «siendo el Ejecutivo regional garante de todo el proceso no haya sido también declarado responsable subsidiario junto al Ayuntamiento de San Vicente».

El PP también culpa al PSOE y especialmente al actual alcalde de no haber trabajado con celeridad e interés para evitar el derribo por el retraso que se ha producido para presentar el Incidente de Inejecución de Sentencia, algo que consideran también se ha podido ver favorecido por la posible connivencia entre la organización ecologista Arca y la propiedad de Santa Marina para instar a dicha ejecución.