La parcela de Saint Gobain, en Vioño, sin posibilidad de desarrollo al estar en una zona «inundable»

Los terrenos que la empresa Saint Gobain tiene en Vioño no solo están considerados por la Conferación Hidrográfica del Cantábrico como «inundables», sino que se encuentran en una zona que se denomina «flujo preferente» lo que -traducido- significa que una vez iniciada la demolición, «no se podrá construir absolutamente nada». La alcaldesa, Verónica Samperio, fue tajante en el Pleno de este viernes a la hora de esclarecer si, como proponía el PP, cabía todavía la posibilidad de impulsar nueva actividad económica en el solar de la antigua cristalería. «Me duele reconocer que el destino de la mayor parte de esos terrenos sea pasto para vacas», sentenció la regidora, lamentando la «demagogia» y las «mentiras» que los populares han usado a este respecto para –dijo– «calentar el oído» a los ciudadanos.

El Pleno de la Corporación de Piélagos abordó este viernes, en una sesión ordinaria celebrada de manera telemática, diversas cuestiones relativas a la parcela de Saint Gobain de Vioño -que carece ya de actividad y está parcialmente demolida- a instancias de los populares y a través de dos mociones. Una de ellas, sobre propiciar la búsqueda de implantación de nuevas industrias en los terrenos de la empresa y la otra, para declarar como Bien de Interés Local las chimeneas que todavía se levantan sobre la parcela de Vioño. Esto «es una inquietud vecinal», aseguraba el portavoz del PP, Carlos Caramés, para quien la voluntad de su formación es «mantener la memoria, a través de las políticas de patrimonio».

Una intención que se quedó sobre papel, ya que las alusiones al juego político del PP fueron una constante entre los miembros del equipo de gobierno (PSOE-PRC-AVIP) y el líder de Ciudadanos, cuyos votos en contra tumbaron ambas peticiones por diversas consideraciones de fondo.

En primer lugar, porque, como apuntó el portavoz de AVIP, Luis Antonio Sañudo, estas propuestas llegan «tarde» y «mal», ya que, haciendo alusión al informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de 2017, se establece la imposibilidad de autorizar nuevas edificaciones en la citada parcela tras la demolición de la fábrica existente y al estar ubicada en una zona de flujo preferente y riesgo de inundabilidad. Ademas, en cuanto a la declaración de las chimeneas como Bien de Interés Local, Sañudo insistió en que ya se ha tramitado la demolición, a petición de la propia empresa, que es la titular del terreno.

«Ustedes quieren hacer un área industrial en una zona inundable», espetó el portavoz del PRC, Alfredo Rodríguez, a Caramés, mientras que el líder de Ciudadanos, Marco Antonio Pelayo, hizo hincapié en que «tratar de vender a la gente lo que no es eso, es mentir».

«Generar esperanza está bien, pero decir las cosas como son en realidad también», enfatizó Samperio, quien señaló que es «nuestra obligación» porque «no siempre podemos contentar los oídos a los que tenemos enfrente, debemos decir la verdad y no vender humo». La alcaldesa reconoció que el Ayuntamiento ya mantuvo varios encuentros previos con la empresa para evitar este desenlace, pero en todas esas reuniones, dijo, «siempre hemos encontrado un no».

El Pleno de este viernes incluyó la declaración institucional para solicitar al Gobierno de Cantabria la construcción de un nuevo centro de salud en la zona norte del municipio, que fue apoyada por todos los grupos de la Corporación. Una posición tajante por parte del Ayuntamiento que se produjo después de que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, anunciara que su departamento descarta, por ahora, la construcción del nuevo centro de salud en Piélagos, al considerar que el municipio «está suficientemente cubierto».

La alcaldesa puso voz a la lectura de la declaración institucional en aras de garantizar a los vecinos y vecinas la atención primaria de proximidad y calidad que éstos demandan. Durante la explicación, Samperio indicó que la declaración recoge que el Ayuntamiento considera «más necesario que nunca» que se dote al municipio de un segundo centro de salud, para lo cuál, el Consistorio «reitera» su ofrecimiento, ya efectuado de los terrenos, y demanda al Gobierno de Cantabria «que incluya una partida económica» en los Presupuestos Generales de 2021 para la redacción del proyecto técnico.

A este respecto, y en el turno de ruegos y preguntas, la alcaldesa reconoció que ha llegado a expresar su «disconformidad» al consejero de Sanidad y al vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, porque, «cuando no estoy de acuerdo, por mucho que sean de mi partido, también lo expreso». Es más, aseveró que el hecho de que no se prevea una consignación económica para este proyecto, como asegura le transmitió a ella el propio consejero, «no me parece la respuesta más adecuada».

Durante la sesión, PSOE, PRC y AVIP dieron luz verde con sus votos a la aprobación inicial del expediente para la expropiación del proyecto de construcción y apertura de un vial en el Barrio La Gama, en Puente Arce, por un procedimiento de tasación conjunta y declarar la utilidad pública, interés social y necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados para la ejecución del mismo.

El líder de Ciudadanos justificó la abstención de su formación al considerar «una incongruencia o un despropósito que ahora se complete la urbanización de un vial que un vecino lleva pidiendo desde el año 92 y que al ejecutarse la obra se le deje a ese mismo vecino sin acceso a su casa».

Por su parte, el edil popular José Manuel Alegría hizo público el rechazo de su formación a esta propuesta de acuerdo en base a los informes técnicos y jurídicos que, según expuso, hablan de la «innecesariedad» de ese camino y que únicamente quedase «como peatonal».

Sin embargo, el portavoz de AVIP se mostró partidario de atender y acatar el informe de los técnicos municipales que, sobre esta cuestión, tachó de «claro y taxativo» y también de cumplir el requerimiento de ejecución del Defensor del Pueblo, argumentación que también fue defendida por Rodríguez Otero quien recordó que esto -en alusión a la ejecución de este proyecto- comenzó en 2013 y termina ahora en 2020.

«No podemos obviar el Decreto de Alcaldía del 1 de agosto de 2014 que reconoce lo evidente, que en el Plan General aparece ese camino como tal, que el Ayuntamiento no ha procedido a modificarlo en ningún sentido», relató Ruiz Argumosa, que añadió que dicho decreto pone de manifiesto la existencia de «la reclamación de un señor para que se haga».

«A día de hoy, tenemos que hacer frente a la urbanización de ese vial; nos guste o no; nos parezca mejor o no; pero lo que sí está claro es que ha habido una mala gestión porque ha habido errores encadenados, no nos hemos fijado en hacer las cosas correctamente cuando hemos tenido la oportunidad y nosotros -en alusión al actual equipo de gobierno- hemos reconocido nuestra obligación», recalcó Samperio, quien puntualizó «el particular tiene razón en hacer su reclamación». El proyecto en cuestión supondrá unos 150.000 euros.

El Pleno ordinario del mes de noviembre también dio cuenta del escrito presentado por Rubén Vicente Carrillo -exconcejal en la Corporación- en alusión a las declaraciones realizadas por el portavoz popular en un Pleno anterior sobre su trabajo como coordinador del Atletismo de Piélagos. En este punto, la alcaldesa preguntó a Caramés si se retractaba de lo expuesto en aquella petición, como así lo había solicitado el propio Vicente. No hubo un sí por respuesta.

También se dio cuenta del informe trimestral de morosidad y por unanimindad, se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora de las ayudas de emergencia social, en concreto lo relativo a la tipología y las características comprendidas en el Anexo I.

El Pleno también dio cuenta de la renuncia al cargo del concejal socialista Ángel Garrido Aldea por motivos personales, que será sustituido por Jhanet Casteñera.