El PSOE de Santoña pide que se anule la modificación que «triplica» el precio de la ludoteca
La portavoz municipal socialista, Carmen González, denuncia la «injusta y desproporcionada» subida del precio de este servicio con el objetivo final de su «externalización»
El PSOE de Santoña ha pedido la anulación de la modificación de la ordenanza municipal que «triplica» el coste de la ludoteca del municipio. La formación denuncia la «injusta y desproporcionada» subida del precio público de los servicios de conciliación de la vida familiar y laboral en periodos no lectivos.
La portavoz socialista en el municipio, Carmen González, considera que este cambio aprobado por el equipo de gobierno Santoñeses- PP tiene como objetivo final «externalizar el servicio». Actualmente, se recauda por la ludoteca 12.000 euros anuales y, tras la externalización, «se prevé un gasto futuro de 35.000 euros«.
Los socialistas de Santoña tildan de «un abuso», esta progresividad fiscal «ficticia» que afectará directamente a las rentas más bajas. González sostiene que la modificación de la ordenanza tiene como «claro objetivo un incremento de la recaudación, con enormes aumentos de las tarifas establecidas».
«La tarifa básica de un solo día ha pasado de dos categorías, siete euros media jornada y 11 euros jornada completa, a una sola categoría de 15 euros al día, lo cual es un incremento muy elevado», ha dicho.
Además, ha calificado como «gravísimo» que se establezca una tarifa de 50 euros al mes por hijo para familias que ingresan menos de 10.000 euro al año.
«Por ejemplo, una familia de cinco miembros compuesta por unos padres con ingresos de 1.200 euros al mes, un abuelo con pensión de 800 euros y dos hijos suman 38.400 euros anuales estaría en el tramo más alto. Con la ordenanza en vigor esta familia abonaría la cantidad mensual de 102 euros mensuales por cada hijo y con la modificación abonaría 330 euros mensuales por cada hijo, un incremento de más de un 200%», ha denunciado.
Este «abuso», como lo ha definido González, equipara a una familia de rentas bajas con familias que ingresan más de 100.000 euros anuales, «No nos encontramos ante una progresividad que busque mayor justicia social en función de la renta, sino que pretende gravar los bolsillos de las clases trabajadoras y de las familias más humildes».
Además de la paralización de este cambio, se ha solicitado que se proceda a la revisión de los tramos y tarifas establecidas para que sean «proporcionado en función de todas las rentas».
