Stop-Desahucios paraliza el desalojo de una familia con una niña de 7 años en Solares

Los responsables de la plataforma Stop-Desahucios, la Guardia Civil y los representantes judiciales, conversan en el portal. / Alberto Aja

Cuatro vehículos de la Guardia Civil se personaron en el número 20 de la avenida Calvo Sotelo, pero la vía del diálogo evitó el rifirrafe entre la plataforma y los agentes

José Carlos Rojo
JOSÉ CARLOS ROJOSantander

La puesta en escena avanzaba un desenlace hostil, con la plataforma Stop-Desahucios bloqueando el acceso al portal y la Guardia Civil frente a ellos, a la espera de órdenes con un dispositivo espectacular que despertó la inquietud de los vecinos del barrio. Pero una vez puestas las fichas sobre el tablero, todo se resolvió por la vía del diálogo.

La orden judicial ordenaba para este martes a las 10.00 horas el desalojo de Olga, su pareja y su hija de 7 años del tercero derecha del portal 20 en la avenida Calvo Sotelo, en Solares. Llevan cinco meses sin abonar el importe del alquiler (350 euros) y las facturas de luz, agua y gasde un contrato privado de arrendamiento. «Es una familia que lleva mucho tiempo en paro y hay que ser comprensivos. La solución ya está dada porque van a abandonar el piso pero pedimos un mes de prórroga para arreglar todos los trámites», solicitó el portavoz de la plataforma, Antonio González. Fue él quien mantuvo una conversación, a ratos tensa, con el abogado de la propietaria del inmueble en el portal.

«Mi cliente lleva cinco meses con este problema. Hace muchos meses que se le ha comunicado a la familia que tiene que abandonarlo y creo que se ha tenido una paciencia infinita; esto no puede seguir así», resumió el letrado, que estaba acompañado por la secretaria judicial y el cerrajero para ejecutar el desahucio. La Guardia Civil, entre tanto, aguardaba alrededor.

Un piso ya concedido

Minutos antes se había personado en el piso el director de gabinete de la Consejería de Obras Públicas, Javier Ontañón: «La familia ya tiene las llaves de un piso en Anero, propiedad de la empresa pública Gesvicán, y de hecho me consta que ya ha comenzado el traslado de sus cosas», afirmó. A falta de dar de alta los suministros de luz, agua y gas, la vivienda será habitable.

Fue el argumento esgrimido por el responsable de Stop-Desahucios, y lo que propició la llamada del letrado a su cliente, para tratar de encontrar una solución pactada. Pero al otro lado del teléfono una voz se mostraba inflexible. «Me dicen que procedamos», le susurraba el abogado a la Guardia Civil. Pero se apartaron del tumulto para hablar en privado y se decidió posponer la acción, que hubiera resultado violenta. «De momento lo posponemos pero no garantizo nada», concluyó el abogado, y se marcharon.

La familia esperará ahora que llegue una nueva orden judicial para abandonar el piso, pero para entonces, si todo discurre según lo previsto, lo lógico es que estuvieran ya viviendo en el nuevo inmueble concedido por el Gobierno en orden de alquiler social.

La PAH exige suspender el desahucio de un matrimonio de Gama

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha exigido este martes, frente al Parlamento de Cantabria, poco antes del Debate sobre el Estado de la región, que se suspenda el desahucio de un matrimonio de Gama (Bárcena de Cicero) previsto para este miércoles y que este colectivo dice que responde a una «estafa». El portavoz regional de la PAH, Óscar Manteca, ha explicado que el desahucio, que está programado para las 11.00 horas, se producirá después de que este matrimonio acudiera en 2012 a un prestamista de Gijón para poder hacer frente a la hipoteca que habían asumido para poder reformar su vivienda y adaptarla a las necesidades de uno de sus hijos, que sufría una discapacidad. «Sufrieron una estafa», ha subrayado Manteca, quien ha afirmado que al firmar los documentos que les permitirían obtener el dinero, en realidad estaban vendiendo el inmueble a otra persona que ahora reclama su propiedad. Según ha detallado, cuando quisieron devolver el dinero «no fueron capaces de encontrar» a esa persona, por lo que «se han visto abocados a una ejecución hipotecaria». El alzamiento previsto para mañana, miércoles, es «el segundo intento» de desahuciarles, ya que el juzgado de Paz de Bárcena de Cicero aplazó la orden prevista para el pasado 10 de enero. Manteca ha pedido al delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, que «no envíe mañana a los antidisturbios de la Guardia Civil a desahuciar este matrimonio», y le ha invitado a él y a «cualquiera de los portavoz del Parlamento de Cantabria» a acudir a las 10.00 horas a la vivienda.

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